La Sala de Vacaciones, compuesta por los magistrados Concepción Espejel Jorquera (presidenta), César Tolosa Tribiño y Laura Díez Bueso, entiende que no hay razones objetivas de vulneración de derechos esgrimida por el expresidente catalán, que está huido de la Justicia española desde 2017.

La Sala de Vacaciones, con mayoría de magistrados conservadores, toma esta decisión en respuesta al recurso de amparo presentado por la defensa de Puigdemont, que pidió la suspensión cautelarísima, es decir urgente, de la orden de detención. Al tratarse de una petición de medidas cautelarísimas, la decisión debe tomarse de manera urgente, lo que ha motivado la decisión por esta Sala sin esperar a que se reanude el curso ordinario.

El TC ha dictado auto razonado para justificar su decisión porque la magistrada Laura Díez quería manifestar su posición discrepante. Normalmente, este tipo de rechazos de plano de un recurso se acuerda por providencia, que no entra en explicaciones sobre la argumentación legal de la decisión.

Este rechazo se produce en un momento en el que el PSOE y Sumar se encuentran inmersos en negociaciones discretas con Junts para que este partido facilite la investidura de Pedro Sánchez.

En su voto particular, la magistrada Laura Díez considera que la decisión sobre este recurso debió ser abocada al Pleno para seguir la tramitación ordinaria, como ha venido ocurriendo con todos los recursos presentados por los afectados por la causa del ‘procés’.

El instructor de la causa acordó procesar a Puigdemont y al exconsejero Toni Comin por desobediencia y malversación agravada después de la modificación del Código Penal que supuso la derogación del delito de sedición. A continuación, procedió a modificar la orden de detención nacional que pesaba sobre ambos.

La defensa del líder independentista recurrió entonces a la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, que rechazó sus argumentos, y a continuación presentó el amparo ante el Tribunal Constitucional para que la citada orden nacional de detención sea suspendida.

Según su abogado, Gonzalo Boye, la citada orden "atenta contra los derechos fundamentales" de Puigdemont y "viola el principio de inmunidad parlamentaria" de la que gozan los miembros de la Eurocámara. Pero el pasado mes de julio, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) suspendía esa inmunidad, una decisión que está pendiente del recurso de Puigdemont pero que continúa en suspenso.

Además, Puigdemont alega dudas sobre la imparcialidad de Llarena, que ya fueron rechazada por el Constitucional en anteriores recursos, por lo que la Sala de Vacaciones del TC entiende que no hay vulneración de derechos fundamentales.

El voto particular, sin embargo, no ve razones de urgencia para tomar una decisión y considera que al estar recurrida la decisión del TGUE, cabe una posibilidad de que Puigdemont y Comin recuperen la inmunidad y, por tanto, sus derechos fundamentales puedan verse vulnerados.