La reforma que quiere parar el PP, mediante un recurso de amparo con medidas cautelarísimas, afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula el funcionamiento del TC, pero las enmiendas han sido introducidas en la reforma del Código Penal que se tramita para modificar los delitos de malversación y sedición.

El Partido Popular presentó su recurso la pasada semana cuando la reforma aún no había sido votada en el Congreso. En la Cámara Baja salió adelante y estaba previsto que el texto se votara en el Senado el próximo jueves.

Además, el Pleno del TC rechazó este lunes la recusación presentada por Unidas Podemos contra el presidente del tribunal de garantías, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, ambos conservadores, en una votación en la que los dos participaron. Los bloques continúan inamovibles, de manera que los seis conservadores votaron en contra de la recusación y los cinco progresistas, a favor.

El Pleno acordó también la admisión a trámite del recurso del PP que pretende la paralización de la reforma que acabaría con el bloqueo de la renovación del TC y permitiría la entrada de los dos nuevos miembros designados por el Gobierno, además de acelerar la elección de los dos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los magistrados recusados pertenecen al sector conservador y fueron nombrados a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy. De aprobarse la reforma el próximo jueves, García Trevijano y Narváez abandonarían de inmediato su puesto para que tomaran posesión los que serán sus sustitutos: El exministro de Justicia con el PSOE Juan Carlos Campo y la exasesora en Moncloa Laura Díez, lo que daría la vuelta a la mayoría en el TC. El argumento de la mayoría para rechazarla ha sido que no es el momento de tratar este asunto.