La Fiscalía había solicitado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa incoada tras la muerte del hermano de la recurrente, ocurrida en los calabozos de una comisaría tras haber sido detenido por un presunto delito de violencia de género.

Esa decisión de sobreseimiento se fundamentó en apreciar que de lo investigado no resultaba dato alguno que apuntara a que los policías encargados de la vigilancia en calabozos actuaran con falta de diligencia en el suceso autolítico que acabó con el fallecimiento del detenido.

La sentencia considera que las resoluciones judiciales impugnadas en amparo vulneraron el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución), ya que este archivo no es conforme con las exigencias de una investigación judicial “suficiente y eficaz”, ya que se dejaron de practicar durante la instrucción diligencias indagatorias propuestas en tiempo y forma por la recurrente, constituida como acusación particular, así como por la acusación popular (Asociación de Juristas Gitanos).

Entiende el TC que esas diligencias podían haber resultado adecuadas para el mejor esclarecimiento del suceso; en particular, para determinar si el riesgo de suicidio del detenido era real e inmediato y si los agentes de policía encargados de su custodia hicieron cuanto era posible para evitar que ese riesgo se materializase o incurrieron en algún tipo de responsabilidad por los hechos investigados.

En virtud de ello, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional anula las resoluciones impugnadas y ordena la continuación de la instrucción, a fin de que el juez instructor lleve a cabo la práctica de las diligencias indagatorias necesarias para satisfacer la exigencia constitucional de una investigación judicial eficaz y suficiente, en un suceso tan grave como es la muerte violenta de un detenido en dependencias policiales.