El Gobierno estimaba que la norma promulgada por el Parlamento vasco no se atenía al orden constitucional de competencias, por considerar que algunos artículos no respetaban el contenido de la ley estatal sobre Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

Una de las quejas que planteaba el Ejecutivo hacía referencia a la circunstancia de que la ley vasca no recoge coo categoría autónoma de infracciones la de "menos grave", pese a que tal categoría sí figura en la norma estatal.