El Constitucional informó este miércoles de que se ratifica así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó a Torra a un año y medio de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público.

El exresponsable de la Generalitat incurrió en este delito al no retirar en abril de 2019, como le ordenaba la Junta Electoral Central, un lazo amarillo a favor de los condenados del ‘procés’ que colgaba de la fachada del Palau de la Generalitat.

En su recurso ante el Constitucional, Torra alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la tutela cautelar, porque la ejecución de la sentencia condenatoria por parte del TSJC habría impedido la suspensión cautelar de la ejecución de la condena.

SIN VULNERACIÓN DE DERECHOS

La sentencia del Constitucional, con ponencia del magistrado Antonio Narváez Rodríguez, desestima el recurso de amparo al entender que no se produjo vulneración alguna de los derechos invocados.

En primer lugar, el Tribunal destaca que el recurso se dirige formalmente contra las decisiones del TSJC, pero sobre la base de la supuesta relevancia que esas decisiones habrían tenido para el Constitucional en el momento de adoptar otras resoluciones distintas y en un proceso diferente.

La resolución argumenta que la medida cautelar no fue desestimada por el Constitucional por un único motivo, como señala el recurrente, sino por la ponderación conjunta de los criterios previstos en la ley. Fundamentalmente, se destaca la grave perturbación que esa medida hubiera supuesto para un interés constitucionalmente protegido, como es la garantía de la ejecutividad de las actuaciones del poder judicial.

Esta sentencia sobre la condena a Torra ha contado en el voto particular del vicepresidente del Constitucional, Xiol Ríos, al que ha manifestado su voluntad de adherirse el magistrado Sáez.