En la parte dispositiva del auto, el tribunal de garantías acuerda abrir pieza separada y conceder el citado plazo para que las partes personadas “efectúen alegaciones respecto al mantenimiento de la medida cautelar de suspensión acordada”.

Indica en un total de ocho puntos que el asunto se avoca a Pleno, que se admite a trámite el recurso de amparo del PP, en el que los magistrados aprecian “que concurre una especial trascendencia constitucional", según el artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como consecuencia de que la cuestión planteada es de "relevante y general repercusión social", y que, además, puede tener “unas consecuencias políticas generales”.

Emplaza al Congreso de los Diputados, por conducto de su presidenta, para que comparezca en este proceso constitucional en un plazo de diez días como parte demandada y ordena poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la admisión a trámite del recurso.

Igualmente, tiene por personados, por ostentar “interés legítimo”, a Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; a Txema Guijarro García, secretario general del mismo grupo; a Pablo Echenique y Enrique Santiago, como portavoz y portavoz adjunto del Grupo.

También considera personados a María Isaura Leal, secretaria general del grupo parlamentario Socialista de las Cortes Generales; a María Fernández Álvarez, senadora y portavoz adjunta del grupo parlamentario Socialista en el Senado; a Felipe Sicilia, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados; y a Roberto Uriarte, vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.

“No obstante”, advierte, “dichos coadyuvantes carecen en este momento procesal de legitimación para instar la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional”, por lo que “procede inadmitir a trámite las recusaciones planteadas” contra el presidente del TC, Pedro García-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez.

El tribunal de garantías da un plazo no mayor a diez días a la presidenta del Congreso para que “remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones”. A continuación, acuerda la suspensión cautelar de la “tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional", introducidos en la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, la que busca modificar los delitos de sedición y malversación, que derivan de las enmiendas número 61 y 62, presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos.

Finalmente, acuerda notificar la parte dispositiva de la resolución, sin perjuicio de la notificación de la resolución íntegra una vez redactada, así como los votos particulares anunciados, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus respectivas presidencias, así como a la parte demandante, a los personados en la condición de coadyuvantes de la parte demandada y al Ministerio Fiscal. Y concluye ordenando la publicación del auto en el Boletín Oficial del Estado.