El Ejecutivo recusó a estos dos magistrados al entender que ambos perdieron la exigible imparcialidad para pronunciarse sobre el recurso del PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que prorrogó el mandato de la presidenta del TC, María Emilia Casas, y de su vicepresidente, Guillermo Jiménez.

El Gobierno basó sus recusaciones en una carta que ambos magistrados enviaron a Casas expresando su rechazo a la reforma de la LOTC sobre la que iban a tener que deliberar, prejuzgando así el caso.

El telón de fondo de todos estos movimientos es la relación de fuerzas entre magistrados progresistas y conservadores en el Tribunal Constitucional, un órgano que deberá decidir sobre leyes emblemáticas de esta legislatura, como son el Estatuto de Cataluña o la ley del matrimonio homosexual.

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