El presidente de la junta, Antonio Pedrol Ríus, informó hoy sobre la postura del colegi acerca de la denuncia remitida por los abogados que habitualmente asisten a los detenidos por su presunta implicación en acciones terroristas de la banda ETA.

En opinión de la junta, transmitida por su presidente, la aplicación de este precepto es incostitucional y va en contra del derecho internacional y de los pactos y convenios firmados por España.

Uno de los miembros del órgano rector del colegio investigará la denuncia de estos letrados vascos, y hasta su informe no habrá posicionamiento sore el asunto, excepto el de solidarizarse con el Consejo General de la Abogacía y la Asamblea de Decanos, instituciones que desde 1987 reclaman la derogación del artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece la obligatoriedad de nombrar letrados de oficio para los detenidos incomunicados.

Pedrol Ríus manifestó a los medios de comunicación su esperanza de que este problema sea solventado en breve, ya que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso del defenso de Celso Barreiros Rodríguez, uno de los detenidos en la redada contra el narcotráfico denominada "Operación nécora".

La petición de amparo se dirige contra un auto del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Baltasar Garzón, que decretó la prisión provisional e incomunicada de Barreiros asistido sólo por un letrado del turno de oficio.

PRECEPTO INCONSTITUCIONAL

La Junta del Colegio de Abogados estudió hoy el plante que mantienen los abogados vinculados a Herr Batasuna (HB), en protesta por lo que consideran una situación de indefensión, al no poder asistir a las primeras declaraciones de aquellos detenidos por su presunta vinculación con ETA que, más tarde, deberán representar en el juicio oral.

Algunos de estos abogados destacaron a Servimedia la importancia de estas primeras declaraciones ante los cuerpos policiales o los jueces de instrucción, ya que en ellas suelen producirse testimonios autoinculpatorios que son utilizados por la Sala de lo Penal a l hora de determinar culpabilidades e imponer penas.

Pedrol Ríus destacó que el artículo de la LECrim que permite esta situación "viola de manera flagrante" el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas de 1950, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Para el presidente del colegio, esta legislación internacional está ya incluida en la española, como establecen los artículos 96 y 10 de la Constitución, por lo que a aplicación del 527 de la LECrim "es una claro ataque a preceptos recogidos en la Carta Magna, de rango superior al resto de los textos legales".