El Tribunal acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como al Parlamento de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

El recurrente alegaba, entre otros argumentos, que no concurre el presupuesto habilitante para la utilización del decreto-ley y afectación del contenido del derecho de propiedad del artículo 33.1 de la Constitución (artículos 64 Estatuto de Autonomía de Cataluña y 86.1); una invasión de la competencia estatal del artículo 149.1.13 de la Constitución por infracción del artículo 17 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, y vulneración de los principios de igualdad del artículo 14 de la Constitución y de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Carta Magna.

El decreto de la Generalitat modificó la regulación que afecta a los pisos de uso turístico con el objetivo de limitar su aumento y favorecer los usos residenciales. La normativa establecía que las licencias de piso turístico dejarán de ser permanentes y deberán renovarse en los próximos cinco años. La medida afectaría a 262 municipios que aglutinan 95.000 pisos, de los 102.000 que hay ahora en Cataluña.