Según informó el TC, tras haber invocado el Gobierno en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, el Tribunal ha suspendido la vigencia y aplicación de la norma impugnada, desde la fecha de interposición del recurso (29 de mayo de 2024) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

En su demanda, el Gobierno alegaba que la ley podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas. Además, también sostiene que la norma podría ser contraria a competencias estatales en relación al artículo 149.1.1 y del deber de colaboración así como el 149.1.30 de la Constitución.

El TC también admitió a trámite el recurso promovido por senadores del PSOE en relación con el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía. Los recurrentes sostienen que el decreto impugnado podría, entre otras cuestiones, infringir el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía por la falta de presupuesto habilitante para la utilización del decreto ley y por la posible vulneración de los límites materiales.