España ha aceptado incorporar en la legislación los principios del convenio internacional ARUS, que se basan en el acceso total a la información, la participación pública regulada y adecuada, y un acceso fácil y eficaz a la Justicia.

"Yo creo que en este caso podría decirse, sin ánimo de equivocarse, que todo el mundo está de acuerdo con que los principios básicos de ARUS se respeten", dijeron las mencionadas fuentes.

Greenpeace añadió que "pedimos nosotros que la Administración no solamente legislara al respecto, sino que metiera todos estos principios de la transparencia, la información, la participación y el acceso a la Justicia en la legislación nuclear".