Según remarcó la organización en un comunicado, “la LOSU desoye las peticiones de la Ciencia, de la Unión Europea, de la OCDE y de la empresa española y las recomendaciones de todos los informes que se han hecho en las últimas décadas, para implantar el buen gobierno de nuestra universidad, que actualmente no existe. Por el contrario, mantiene una gobernanza basada en la autogestión de quienes trabajan y estudian en ella, que es única en el mundo”. Fruto de ello, “no va a ser capaz de sustituir el excesivo corporativismo y endogamia actuales por la necesaria competitividad y meritocracia que son condiciones esenciales de una universidad excelente”.

En un pronunciamiento del comité ejecutivo de la CCS también señaló que “la LOSU no va a ser un instrumento normativo adecuado para dar solución a ninguno de los problemas endémicos que vienen limitando el funcionamiento interno y la excelencia internacional de nuestra academia. No es realista pensar que una sociedad, a la que se expulsa de la gobernanza de su universidad, la priorice después en sus decisiones de gasto público”.

Además, remarcó la importancia de que la elección del rector tenga en cuenta los méritos "al no dar opciones de nuevos modelos de gobernanza y designación del rector, ni aunque las propias universidades en el ejercicio de su autonomía quisieran optar por ello, condena el sistema universitario público a una uniformización que lleva inevitablemente a la pérdida de calidad”.

El documento también apunta que el texto aprobado en el Parlamento impide “la necesaria mejora de la autonomía operativa, imprescindible para la contratación y gestión de personal y la adaptación de la oferta de planes de estudio y titulaciones a las cambiantes demandas sociales”.