Así lo anunció este miércoles el Ministerio de Consumo en un comunicado en el que precisó que el acuerdo mantiene los “principales objetivos” de la Directiva, pero introduce “algunas mejoras”, entre las que destacó la inclusión de alegaciones “injustas” basadas en la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la lista de prácticas prohibidas y medidas “más estrictas” contra la obsolescencia temprana.

También hizo referencia a la “aclaración” de la responsabilidad de los comerciantes en “determinados casos” y la introducción de un formato “armonizado” para “aumentar la visibilidad” de la garantía comercial de durabilidad, así como “mejoras” en el “recordatorio” sobre la garantía legal de conformidad.

“La ciudadanía está sufriendo las consecuencias del cambio climático y desea que se la tenga en cuenta a la hora de hallar una solución. Con el compromiso logrado, los consumidores dispondrán de la información necesaria para tomar decisiones ecológicas adecuadas y tendrán una mayor protección frente al blanqueo ecológico y social, además de otras prácticas comerciales desleales. Esto es fundamental para que puedan desempeñar un papel activo en la lucha común por una Europa más ecológica y justa”, señaló al respecto el ministro de Consumo en funciones, Alberto Garzón.

PROTECCIÓN CONTRA PRÁCTICAS DESLEALES

La Directiva destinada a empoderar a los consumidores para la transición ecológica persigue luchar contra las prácticas comerciales “desleales” que “impiden” a los consumidores tomar las decisiones “adecuadas” en lo que se refiere a productos y servicios “más ecológicos o circulares”. Prácticas como el ‘blanqueo ecológico’ “engañoso” o declaraciones falsas sobre productos que “duran menos de lo previsto” son, según Consumo, “ejemplos de lo que este texto jurídico pretende abordar”.

A este respecto, puntualizó que el acuerdo provisional mantiene los “principales objetivos” de la Directiva, si bien, introduce “avances importantes”, entre los que resaltó que mejora la “credibilidad” de las etiquetas de sostenibilidad al definir los elementos “clave” del sistema de certificación en el que deben basarse, “a menos que los establezcan las autoridades públicas” y aumenta la transparencia y el seguimiento de las alegaciones relacionadas con el futuro comportamiento medioambiental.

Asimismo, incluye las alegaciones “injustas” basadas en la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la lista de prácticas comerciales prohibidas. “Esto implica que los comerciantes no podrán alegar que un producto tiene un impacto medioambiental neutro, menor o mejorado basándose en programas de compensación no verificados”, según indicó Consumo.

En paralelo, a su entender, “aclara” la responsabilidad de los comerciantes a la hora de informar o de no informar sobre la obsolescencia temprana, las actualizaciones “innecesarias” de programas informáticos o la obligación “injustificada” de comprar piezas de recambio al fabricante original.

“Dichas prácticas se prohibirán, pero el texto transaccional deja claro que los comerciantes solo serán responsables si saben cuáles son las características de diseño que dan lugar a tales situaciones”, abundó el departamento de Alberto Garzón.

Junto a ello, introduce una etiqueta “armonizada” con información sobre la garantía comercial de durabilidad que ofrecen los productores y que incluirá una referencia a la garantía legal de conformidad. Además, en tiendas o sitios web se mostrará de forma “destacada” un aviso “armonizado” para proporcionar información sobre la garantía legal de conformidad.

Por último, concede a los Estados miembro “tiempo suficiente” para adaptarse a los cambios en la legislación, con un período de transposición de 24 meses.

El Consejo y el Parlamento Europeo deben ahora refrendar y adoptar formalmente el acuerdo provisional alcanzado con este último.

Según recordó Consumo, el 30 de marzo de 2022 la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, que es una de las iniciativas que figuran en la Nueva Agenda del Consumidor de 2020 y el Plan de Acción para la Economía Circular de 2020 de la Comisión, y da seguimiento al Pacto Verde Europeo.

Forma parte de un paquete de cuatro propuestas, junto con el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, la propuesta de Directiva sobre alegaciones ecológicas y la propuesta de Directiva sobre Derecho a la Reparación.