Esta ley, que ha sido discutida reiteramente en Consejo de Ministros, ha ido retrasándose una y otra vez y estaba prácticamente ultimada cuando se disolvieron las Cortes el pasado mes de abril por la convocatoria de elecciones generales.

La nueva normativa sustituye a la Ley de Contratos del Estado de 1973, actualmente vigente y que ha suscitado numerosas polémicas, y establecerá unas reglas del juego nuvas para todos los contratos que se formalicen con las administraciones públicas.

Responsables del Gobierno han indicado en reiteradas ocasiones que la nueva ley combinará la transparencia con la eficacia, con el fin de conseguir un sistema de contración con las administraciones objetivo.

En el último anteproyecto conocido se endurecían los requisitos para contratar con la Administración, inhabilitando para esta actividad a quienes tuvieran condena por cohecho, falsedad, malversación, tráfico de nfluencias o uso de información privilegiada.

Este anteproyecto simplifica el procedimiento jurídico administrativo de contratación al establecer unos trámites más sencillos, prohibe declarar desiertas subastas en ciertos casos, potencia los contratos menores y mantiene la prohibición de pago aplazado.

También recoge el derecho del contratista a la suspensión o resolución del contrato si la Administración no paga en los plazos determinados. Otra novedad era la posibilidad de una garantía global qe cubra la totalidad de los contratos que un empresario mantenga con un mismo órgano de contratación.

Por lo que se refiere a los criterios para la adjudicación de los contratos, el anteproyecto establece que tanto en el procedimiento abierto como en el restringido la adjudicación será por subasta o por concurso.