El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, comenzó a negociar elcontenido de esta norma el pasado mes de diciembre con los alcaldes de los municipios afectados y con los grupos parlamentarios.

Pese a que en un primer momento la intención del Gobierno fue sacar adelante esta norma antes de la celebración de las elecciones municipales del 25 de mayo, para que las nuevas corporaciones se rigieran por sus criterios, finalmente se optó por retrasar su aprobación a la vista de que la cercanía de las elecciones dificultaba llegar a acuerdos sobre el contenido final de laley.

La norma que mañana comenzará a debatir el Consejo de Ministros dista mucho de los primeros planes de Administraciones Públicas. La dificultad de encajar en esta norma la Ley de Capitalidad de Madrid y la Carta Municipal de Barcelona, han hecho que este texto sólo contenga una referencia al especial estatus de las dos ciudades más grandes del territorio nacional.

Además, se explicita un compromiso expreso de que la normativa que afectará a las corporaciones de ambas capitales se desarrollarácon posterioridad, pero fuera del ámbito de esta ley.

La ley que modernizará la administración local contempla también los criterios que se tendrá en cuenta para incluir a los ayuntamientos en la norma de Grandes Ciudades. Así, como regla general, se establecerá una cifra mínima de habitantes que, según fuentes gubernamentales, oscilará entre los 200.000 y los 250.000. La decisión definitiva la tomará mañana el Consejo de Ministros.

También podrán ser consideradas grandes ciudades las capitales d comunidad autónoma, aunque no lleguen a ese mínimo de habitantes, y todas aquellas que alberguen sedes de instituciones autonómicas, en caso que de así lo decidan los parlamentos autonómicos correspondientes.

El proyecto del Gobierno contempla que las corporaciones mayores puedan asumir más competencias en materias como seguridad, justicia, vivienda o empleo.

La intención última es reforzar el carácter ejecutivo de los gobiernos locales a la vez que se ampliarán las competencias del pleno municial para su control, como contrapartida.

La nueva norma, reconoce el derecho de sufragio activo de los vecinos y la celebración de consultas populares a instancias de los ciudadanos, así como la regulación de nuevo cauces de participación y el establecimiento de vías para cursar quejas y reclamaciones.

De igual modo, queda contemplada la creación de un Consejo Social de la Ciudad, como órgano consultivo, y la transferencia de responsabilidades y recursos en materia de vivienda, empleo, servicios, restaciones sociales y educación, así como otras políticas de proximidad que lo requieran.