Así lo avanzó la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en atención a los medios en Bruselas, donde indicó que la Comisión ya ha “notificado” formalmente a España de su “respaldo explícito” a un acuerdo que se comenzó a gestar en enero.

La prórroga de la conocida como “excepción ibérica” se basa en extender el plazo de su aplicación desde el 31 de mayo –fecha en la que iba a expirar– hasta el 31 de diciembre. El resto de las modificaciones con respecto al sistema anterior son “ajustes técnicos”.

No obstante, Ribera destacó que la curva temporal que el mecanismo establece hasta alcanzar el precio del gas de 65 euros el megavatio hora (MWh) se “suaviza”, ya que el periodo de referencia para alcanzar ese máximo se extiende siete meses. Es decir, la pendiente de la curva será más plana, ya que la subida desde los 55 euros por MWh actuales hasta los 65 euros se demorará más en el tiempo, lo que dará lugar a subidas mensuales de 2 euros, frente a los 5 actuales.

“Está notificado, está trabajado y está cerrado. Ya contamos con el acuerdo y el respaldo de la Comisión y hoy se llevará al Consejo de Ministros”, anunció Ribera. “Tenemos una herramienta que permite seguir protegiendo a los consumidores españoles y portugueses hasta fin de año”, celebró.

La prórroga de la “excepción ibérica” permitirá a España y Portugal mantener la protección sobre los consumidores, aunque en las últimas semanas no se ha aplicado gracias a la bajada de precios. En este sentido, Ribera reconoció que, si el gas natural “se mantiene a los precios actuales, probablemente no se active”, pero aseveró que la prórroga de esta medida permite garantizar “precios razonables” si la situación cambia.

El acuerdo está pendiente de una “decisión formal” del Colegio de Comisarios, que, según Ribera, se producirá durante “estos días”. Sin embargo, ello no impide aprobar ya la prórroga en Consejo de Ministros, ya que Bruselas ha comunicado su “respaldo explicito”.