Los criterios de distribución fueron acordados en la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, celebrada el 26 de junio del año pasado, y sirven para repartir esta dotación entre todas las comunidades autónomas excepto el País Vasco, que no tiene esta competencia asumida.

El Plan incluye una serie de medidas para reforzar la contratación de las personas afectadas por la crisis y, sobre todo, por el parón del sector de la construcción.

Entre otros, se acordó la contratación de orientadores para ayudar al desempleado, así como subvenciones a la búsqueda de trabajo, la movilidad geográfica, el empleo autónomo y la formación profesional.

La cuantía que se destina a cada comunidad depende del número de oficinas de empleo con presencia de efectivos del Servicio Público de Empleo Estatal que haya en la región.