El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, dió cuenta de este acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que el texto aprobado hoy cuenta con "un consenso muy amplio" entre los grupos políticos y los ayuntamientos de las ciudades afectadas.

Administraciones Públicas comenzó a neociar el contenido de esta norma el pasado mes de diciembre con los alcaldes de los grandes municipios y los partidos que cuentan con representación parlamentaria.

Dado este alto grado de consenso, el Gobierno tramitará el proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, que permitiría su entrada en vigor a finales de este año. El texto no incluye referencia alguna al estatuto específico de Barcelona y Madrid que tuvo que quedar al margen de esta ley por falta de consenso suficiente.

Pese a todo Arenas ve posible alcanzar un acuerdo suficiente en relación a la Carta Municipal de Barcelona y a la Ley de Capitalidad de Madrid dentro de esta legislatura, aunque descartó que se pueda tramitar con carácter de ley antes de las próximas elecciones generales. En todo caso, considera que un acuerdo de esta naturaleza no perdería "virtualidad" tras las elecciones, si todos los actores del acuerdo mantienen sus posturas.

El ministro explicitó así su compromiso expreso de impulsar un estatus especial paa las dos mayores ciudades aspañolas, y afirmó que, en cualquier caso, la ley a la que el Gobierno ha dado hoy luz verde supondrá una serie de modificaciones muy sustanciales de ambas corporaciones.

"SISTEMA EXPERIMENTAL"

Según explicó Arenas, esta norma persigue el doble objetivo de modernizar la administración local y acabar con la "uniformidad" en la gestión municipal, de manera que aumente la capacidad autogobierno, sin descartar que en el futuro este "sistema experimental" se pueda extender a l totalidad de los municipios.

La ley que modernizará la administración local afectará a las ciudades con más de 250.000 habitantes. También serán consideradas grandes ciudades las capitales de comunidad autónoma, aunque no lleguen a ese mínimo de habitantes, y todas aquéllas que alberguen sedes de instituciones autonómicas, en caso que de así lo decidan los Parlamentos autonómicos correspondientes.

El proyecto del gobierno contempla que las corporaciones mayores puedan asumir más competencias en aterias como seguridad, justicia, vivienda o empleo y que un 50 por ciento de los miembros de la Junta de Gobierno puedan ser personas no electas como concejales. También establece que los miembros no electos de las corporaciones no excedan un tercio de sus componentes.

La intenciún última es reforzar el carácter ejecutivo de los gobiernos locales, a la vez que se ampliarán las competencias del pleno municipal para su control, como contrapartida.

La nueva norma reconoce el derecho de sufragio actvo de los vecinos y la celebración de consultas populares a instancias de los ciudadanos, así como la regulación de nuevo cauces de participación y el establecimiento de vías para cursar quejas y reclamaciones.

MAS PARTICIPACION CIUDADANA

De igual modo, queda contemplada la creación de un Consejo Social de la Ciudad, como órgano consultivo, y la transferencia de responsabilidades y recursos en materia de vivienda, empleo, servicios, prestaciones sociales y educación, así como otras políticas de proxmidad que lo requieran.

También se establece la posibilidad de crear órganos intermedios de reclamación que permitan resolver conflictos de los ciudadanos frente a la Administración, sin tener que recurrir la vía contencioso administrativa.

La intervención municipal tendrá también una labor de control del gasto y, por lo tanto, su función será independiente de los órganos que presupuestan y gastan los recursos municipales.

Finalmente, el proyecto establece la potenciación de la policía local su coordinación con el resto de los Cuerpos de Seguridad del Estado y la posible asunción de competencias de policía judicial, aspecto este último que tendrá que ser regulado 'a posteriori' con el acuerdo del Ministerio de Interior.