Las medidas aprobadas están dirigidas a mitigar los daños sufridos por la población en general, a la reparación de viviendas, enseres, vehículos e infraestructuras agrícolas y ganaderas, así como a paliar los daños sufridos por los empresarios y profesionales en sus edificaciones, maquinaria, mobiliario instalaciones o mercancías.

Las ayudas que establece este decreto, de 8.500 euros por familia, se configuran como complementarias y compatibles en su caso con las que puedan establecerse por las demás Administraciones Públicas.

Asimismo, el Instituto Canario de la Vivienda financiará ayudas complementarias a las modalidades que puedan establecerse por el Estado, tanto para el alquiler como para la reparación, rehabilitación o reconstrucción de las viviendas.

Financiará hasta el 50% del valor del coste de rehabilitación o restitución de la vivienda habitual afectada, siempre que la misma no esté asegurada contra incendios, y, si lo estuviera, en la cantidad que no esté asegurada.

Para la reparación, rehabilitación y reconstrucción de la vivienda no habitual, sus propietarios podrán ser beneficiarios de una ayuda de hasta un límite máximo de 12.000 euros. Cuando los daños se hubieran producido en elementos comunes, la comunidad de propietarios recibirá las ayudas hasta un límite de 8.600 euros.

Para alquiler de viviendas, se establece un límite de 600 euros mensuales por 24 meses prorrogables.

El decreto establece que serán objeto de indemnización las pérdidas producidas por daños en áreas de aprovechamiento agrícola y ganadero, siempre que los animales de dichas explotaciones estén asegurados.

Para aquellas que no estuvieran cubiertas por las pólizas correspondientes, el Gobierno de Canarias establecería una línea de ayudas que incluyera la producción y explotación de los productos, así como la dotación de animales.

Tendrán derecho a indemnización aquellas explotaciones turísticas que resultaron dañadas o se vieron obligadas a desalojar su establecimiento por razón de los incendios.

El decreto establece que serán objeto de ayudas los daños provocados en infraestructura públicas locales, especialmente los que hayan afectado a carreteras, transportes, telecomunicaciones, infraestructuras de alumbrado público, de riego y de abastecimiento de agua. El Gobierno canario financiará como máximo el 25% de las obras insulares y el 45% de las municipales.