Así lo reclamó en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración, este miércoles, del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras y en el que consideró que la bajada del IVA llevada a cabo por el Gobierno sobre algunos productos “ha tenido un efecto leve” en la cesta de la compra.

Por ello, también demandó que se tomen “medidas urgentes” de ayuda a los “más vulnerables”, como la activación de un sistema de cheques de alimentos para las familias con menos recursos, y pidió un papel “más proactivo” en el seguimiento de los precios por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

“En tiempos de carestía, crisis energética e inflación, todas las medidas destinadas a luchar contra la desigualdad deben mantenerse y prevalecer”, apostilló, al tiempo que llamó también a "culminar" la tramitación "urgente" de la Ley de los Servicios de Atención al Cliente, la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero o la transposición de la Directiva de las Acciones de Representación así como el desarrollo y puesta en marcha de la nueva Subdirección General de Vigilancia y Procedimiento Sancionador en el Ministerio de Consumo.

Asimismo, expresó “cierta inquietud” en relación a los recursos humanos destinados a la protección de los consumidores o a la vigilancia del mercado así como su “desasosiego” sobre la “falta de herramientas” para “abordar” la comercialización de bienes de manera intangible a través del metaverso; el Internet de las cosas; la influencia en la toma de decisiones por los algoritmos; la ausencia de instrumentos para sancionar a operadores de terceros países y de instrumentos y normas para probar la obsolescencia prematura o la “alarmante” judicialización de las controversias de consumo, entre otras demandas.

En paralelo, estimó “necesario y urgente” aprobar el Proyecto de Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, además de dotar de medios “suficientes” a los fiscales delegados de consumo autonómicos y provinciales para actuar en la protección de los intereses de los consumidores y desarrollar la Declaración Europea sobre los derechos y principios digitales para la Década Digital, entre los que se encuentra la protección de los consumidores.

NUEVOS DESAFÍOS

En este sentido, advirtió de que la transformación digital “presenta nuevos desafíos, pero en ningún caso debe implicar un retroceso en los derechos de las personas”, convencido de que “lo que es ilegal fuera de línea, es ilegal en línea”.

A este respecto, abogó por “promover” sistemas de inteligencia artificial “centrados en el ser humano, fiables y éticos" a lo largo de todo su desarrollo, despliegue y uso; velar por un nivel “adecuado” de transparencia en el uso de los algoritmos y la inteligencia artificial y porque las personas estén "informadas y capacitadas" para utilizarlos cuando interactúen con ellos y asegurar que los sistemas de información y decisión se basen en conjuntos de datos "adecuados para garantizar la privacidad y evitar la discriminación".