Fuentes del consejo señalaron hoy a Servimedia que su presidente, Antonio Pedrol Rius, estima que, dada la trascendencia del asunto para un Estado de derecho, antes de dar su opinión personal, debe oir el criterio de sus colegas.

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como "ley Corcuera", faculta a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado a entrar en domicilios sin mandamiento judicial, siempre que sospechen que en ellos stán traficando con drogas.

Igualmente, autoriza a los funcionarios a llevar a los ciudadanos indocumentados a las comisarías y otras dependencias policiales para comprobar su identidad.

Allí, permanecerán el "tiempo imprescindible" para realizar los trámites de identificación y no contarán con asistencia letrada ya que, según el Ministerio del Interior, no estarán ni detenidos ni retenidos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) criticó este proyecto de ley desde que se conocieron susprimeros borradores, en diciembre del pasado año, al igual que otras instancias de la judicatura por considerar que algunos de sus puntos rozan la inconstitucionalidad.