Además, otros 14.000 niños, también víctimas de malos tratos, físicos, psíquicos, agresiones sexuales o abandono, han sido adoptados, viven e centros de acogida familiar o con sus propias familias, aunque su tutela y protección recae en las instituciones públicas.

Para analizar el funcionamiento de los sistemas de protección al menor, los representantes de los departamentos sociales de las Comunidades Autónomas de Murcia, Asturias, País Vasco y Madrid mantuvieron ayer, jueves, una reunión con la Dirección General de Protección Jurídica del Menor, en Madrid.

Los consejeros también hablaron de las medidas que piensan adoptar para eliminr el tráfico de niños que, según Matos, "existe porque hay acciones policiales que lo demuestran".

Según publicó en 1990 la revista de la ONU sobre Política Criminal, el Movimiento Internacional del Apostolado de los Niños denunciaba la existencia de "venta de niños recién nacidos en España, con la complicidad de las clínicas y la colaboración pasiva de los médicos y religiosos".

Los consejeros admitieron que también existen otro tipo de actividades delictivas como la suposición de parto.

Jun Matos señaló que España suscribirá próximamente la Convención de la Haya en esta materia, que se establece el compromiso de los gobiernos para perseguir a las redes privadas de tráfico de niños y menores, de modo sistemático.

COMPETENCIA EN MATERIA DE PROTECCION

Tomás Merín, viceconsejero de Integración Social de la Comunidad de Madrid, explicó que, en la actualidad, las competencias en materia de protección, asistencia y tutela de menores dependen de los departamentos de servicios sociales de lascomunidades autónomas, cuando entró en vigor en 1987 la Ley de Protección a la Infancia 21/87.

Así, la ley faculta a las comunidades autónomas para que ejerzan la tutela automática sobre el niño en situación de desamparo y establece una revision judicial a posteriori.

Según Juan Matos, el nuevo sistema ha permitido que las medidas de internamiento hayan descendido en un 12 por ciento a favor de otras como la acogida familiar, que se ha incrementado en más de un 18 por ciento, o la adopción.

atos dijo que no dispone de datos sobre el número de centros asistenciales que existen en España, donde ya desaparecieron las grandes instituciones u orfanatos que funcionaban en la posguerra. La ratio de alumno por centro que los responsables establecen es ahora de unos 15 niños por institución.

Estos centros son gestionados en un 50 por ciento por entidades públicas, mientras que organizaciones no gubernamentales se ocupan del resto.

Otro de los elementos que los consejeros calificaron como postivos de la reforma legal del 87, fue el aumento en 1989 de más de un 60 por ciento de recursos humanos y equipos técnicos con respecto al año anterios.

Juan Matos informó, asimismo, que este año se destinarán 100 millones de pesetas a organizaciones que diseñen programas de malos tratos.

ADOPCIONES

Por último, los consejeros se refirieron a la creciente demanda de familias que quieren adoptar niños, a pesar de que decrecen las disponibilidades.

Según las estadísticas oficiales, mientras e 1989 hubo 8.000 solicitudes de posibles padres adoptivos, tan sólo se produjeron 1.500 entregas de niños. La relación entre la demanda y la oferta es de un niño por cada seis solicitudes.

Como novedad interesante, los consejeros resaltaron también la adopción de niños con deficiencias físicas o psíquicas, así como afectados por anticuerpos del Sida, aunque estos últimos en menor medida.

Así, por ejemplo, en la Comunidad de Castilla y León, 21 niños con problemas físicos o síquicos fueron adoptads a lo largo del pasado año.