La información señala que las cantidades que dejó de ingresar el consejero del Gobierno gallego, investigado por un presunto fraude a Hacienda, no alcanzaron en ninguno de los años (de 1985 a 1989) la barrera de los cinco millones a partir de la cul se considera que existe un delito fiscal.

No obstante, la documentación enviada por Hacienda al juez de Ferrol encargado del caso, José Luis Aulet, apunta que el consejero rondó esta cifra en alguna de los ejercicios, al dejar de ingresar en las arcas públicas impuestos por valor de 4.900.000 pesetas en el año 1988.

El sumario señala también que en otros ejercicios, Juan Fernández, evitó el pago al fisco de 3.900.000 y 3.100.000 pesetas. En consecuencia, el juez tendrá presumiblemente que archiar la diligencias iniciadas, ya que sólo confirman la comisión de un fraude, pero no de un delito.

Hacienda inició una auditoría sobre Fernández el pasado mes de abril, después de que el juez José Luis Aulet descubriera presuntas irregularidades del consejero al investigar un caso de fraudes en las empresas públicas del sector naval.

Como consecuencia del escándalo, el político reconoció públicamente la comisión de diversas faltas en sus obligaciones con Hacienda, pero aseguro que había puesto aldía su situación fiscal mediante pagos complementarios.

Sin embargo, las mismas fuentes señalaron que los pagos realizados por el político sólo se aceptaron como pago a cuenta de la sanciones que se le deberán imponer.

Por su parte, el consejero de Industria de Galicia señaló hoy en el Parlamento regional que sus cuentas no coinciden con las realizadas con el fisco, y reconoció que entre 1985 y 1989 no hizo la declaración de la renta.

Asimismo denunció que "lo verdaderamente ilegal es que sefiltren investigaciones que tendrían que ser confidenciales".