Fernández aseguró que está absolutamente al día con Hacienda, tras no haber declarado por ingresos de suastillero Astafersa desde 1985 a 1989. "Si he cometido una falta antes de entrar en la política está pagada, desde el punto de vista administrativo absolutamente cubierto", dijo, al tiempo que negó que su dimisión se deba a las alusiones que Felipe González hizo sobre su caso en el reciente debate sobre el estado de la Nación.

Sí reconoció que le habían hecho más daño comentarios posteriores de analistas políticos, pero afirmó que no se había sentido aludido directamente, "porque obviamente lo que le staban preguntando en el debate del estado de la Nación y lo que a mí me había sucedido, pues que se lo apunten en una caja de paragüero con puntas de tres cuartos".

A GONZALEZ, "NI PAJOLERO CASO"

Sobre las alusiones de Felipe González, reconoció que "todo tiene que ver", pero aseguró que sólo fueron "un arañazo más y, procediendo de quien proceden, ni pajolero caso". La decisión de dimitir, según Fernández, está motivada por el temor a que su posible incompatibilidad de salarios, unida a sus viejosproblemas fiscales, pudiera ser empleada como arma contra la Xunta en el actual momento político, de enorme sensibilización contra cualquier forma de corrupción.

También resaltó que reconoció su falta con Hacienda y los años en que incumplió deberes fiscales. "Es posible que eso incapacite a una persona para estar en un cargo público", dijo, pero agregó que nunca tuvo intención de dimitir y resaltó que Manuel Fraga, que hubiera podido relevarle, siempre le respaldó.

Fraga le apoyó todavía hace un semana, cuando afirmó que las palabras de González eran "defenderse con tiragomas cuando le están a uno disparando con grueso calibre".

Fernández dijo que en diciembre de 1993, y a raíz de informaciones periodísticas sobre el registro de intereses de los diputados autonómicos, conoció su posible incompatibilidad salarial, al cobrar como consejero de la Xunta y capitán de la Armada en la reserva. Sin embargo, posteriormente reconoció que alimentaba sospechas de su compatibilidad salarial desde el año 0.

Aseguró que desde el año 90 ha declarado estos ingresos en el registro de intereses de la Xunta y en sus declaraciones a la Hacienda pública, que no le advirtió de irregularidades tras la inspección a que fue sometido en 1991. Tampoco fue advertido por la pagaduría de la Armada ni por la Xunta.

Fernández se mostró seguro de estar absolutamente al día con Hacienda: "El procedimiento administrativo y Hacienda no tiene nada que investigar. Al revés, tiene dos 'inputs', como se podrá comprobar en is declaraciones, de dos salarios que suman (...) Es obvio que en su día, cuando me regularicen si soy incompatible en mi situación, tendré que hacer las complementarias correspondientes para que me devuelvan dinero".

Según Juan Fernández, la suma de salarios supone 850.000 pesetas más al año, netas, al subir el coeficiente de retención del 28 al 56 por ciento. "No es un tema de dinero. Hay un bruto que se suma al bruto de consejero pero hay una retención mayor por ir a otra escala".

También apunó que si hubiera inspecciones en torno a él ya habría saltado a la opinión pública, en un momento como el actual, "con el cirio que están montando, matando mosquitos a cañonazos". También insistió en que "no me hace irme de aquí; nada más que mi forma de pensar, para buscar otro trabajo, tras comprobar que no sea incompatible, eso sí".

CONSULTAS

Tras la información aparecida en diciembre del 93 dijo haber consultado al organismo competente si podría estar incurriendo en incompatibilidad: "Se me contsta que presuntamente puedo estar incurriendo en incompatibilidad". Añadió que el 21 de marzo de este año consultó ante la pagaduría central de la reserva transitoria de la Armada en busca de una confirmación de la posible incompatibilidad y para que, en el caso de que lo sea, "rocedan a la regularización de mi salario. Pero no se me contesta y se me paga el mes de marzo".

Juan Fernández aseguró que ha vuelto a reiterar su consulta para que le aclaren si es incompatible, pero sigue sin noticias. Posteiormente presentó su solicitud de dimisión al presidente de la Xunta, "porque en el ambiente político que se está viviendo, en cualquier momento podrían mezclar algo tan transparente y un comportamiento tan ético y moral en este caso con la segura irregularidad que tuve con la Haciendo pública antes de acceder al cargo. Eso podría dañar al Gobierno al que pertenezco y al presidente al que quiero".

Juan Fernández negó que su dimisión tenga que ver con luchas en el seno del PP gallego, donde mantuvo enfentamientos con el presidente provincial, José Manuel Romay, y fue destituido de la dirección local del PP en Ferrol. También descartó que las luchas por la sucesión de Fraga tengan relación y mostró su deseo de que Fraga siga presidiendo la Xunta hasta el año 2002.

"La decisión es totalmente mía", dijo. "Como militar soy muy disciplinado, pero las decisiones políticas no me las hace tomar absolutamente nadie. Estoy convencido de que hice lo que tenía que hacer, por el bien de Manuel Fraga".

Del residente de la Xunta, que le respaldó contra todos durante cuatro años, estimó que ahora le ha admitido la dimisión "por respeto a la persona".

Juan Fernández aseguró que Hacienda no tiene nada que investigar actualmente sobre él. "Ya basta de confundir faltas con la Hacienda pública en su día con lo que estamos a llamar corrupción. Emplazo a que cualquiera pueda decir que de forma directa o indirecta me he aprovechado de una peseta pública. Eso es lo que es corrupción. Lo otro es una falta que posibemente no sea un blasón para que un político esté orgulloso, pero es una falta".

La investigación fiscal contra Juan Fernández partió del titular del juzgado de instrucción número 3 de Ferrol, José Luis Aulet, que investigaba a distintos astilleros ferrolanos en relación con un supuesto fraude a la Armada, en abril de 1991.

El juez descubrió posibles irregularidades fiscales de Juan Fernández en los años anteriores, como directivo del astillero Astafersa, propiedad de la familia. El informe faciltado al juez por Hacienda revelaba que Juan Fernández defraudó a Hacienda un total de 13 millones de pesetas en los ejercicios de 1985 a 1989, al no presentar declaración de la renta, falta que reconoció después. Lo defraudado en uno de esos ejercicios rondaba los cinco millones (4,96 millones), por lo que estuvo a punto de incurrir en delito fiscal.

Las informaciones publicadas en torno a este caso motivaron numerosas peticiones de dimisión, siempre desatendidas. Manuel Fraga le ratificó en su cargo,le incorporó a la Ejecutiva regional y volvió a renovarle su confianza al nombrarle de nuevo consejero de Industria en la legislatura que acaba de empezar.