Alavedra justificó las actuaciones de ambas entidades durante los años 80 alegando la crisis económica que se vivía en aquellos momentos. El cnsejero respondió de esta forma a las dos interpelaciones formuladas hoy en el Parlament por los diputados Martí Carnicer, del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), y Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya (IC) sobre la política general del Gobierno catalán en materia de avales y créditos.

Según aseguró Macià Alavedra, durante aquellos años eran los sindicatos quienes pedían ayudas para las empresas, y todos los grupos parlamentarios se mostraban muy preocupados por las pérdidas de puestos detrabajo.

En este sentido, dijo que en Cataluña había un alto nivel de suspensión de pagos y que la CARIC sirvió para hacer frente a estos problemas. El consejero de Economía añadió que las empresas en crisis recurrían a la CARIC cuando no encontraban apoyo en los bancos, y que por este motivo el riesgo de las operaciones que corría el organismo era elevado.

El diputado de IC Joan Saura manifestó que los avales concedidos por la CARIC no cumplían la normativa vigente y puso como ejemplo concreto e de la empresa Egasa, que recibió un aval de 100 millones a pesar de que el mismo organismos había hecho un informe desfavorable sobre la concesión del mismo.

Saura pidió a Alavedra una justificación sobre la pérdida de miles de millones de pesetas en avales y créditos a distintas empresas, muchas de las cuales tenían relación con personas próximas a Convergència i Unió.

Por su parte, Martí Carnicer, del PSC, criticó en la sesión del pleno parlamentario que el Gobierno de la Generalitat respondiea solidariamente de los créditos y avales fallidos, así como la laxitud de la normativa actual sobre esta cuestión y el "clientelismo" de las concesiones.

El consejero respondió que si el Gobierno catalán hubiera actuado de manera subsidiaria, ningún banco hubiera otorgado los créditos a las empresas.

Alavedra comparecerá mañana por la tarde en el Parlament ante la comisión de Economía para informar sobre la concesión de créditos, avales y ayudas, en cumplimiento de una moción que fue aprobada po unanimidad el 23 de octubre por la cámara catalana. El consejero deberá dar cuenta de la situación del Instituto Catalán de Finanzas y del Instituto Catalán del Crédito Agrario después de la detención del ex director del primer organismo, Jordi Planasdemunt pr el caso BFP.