Pérez, que se sienta por segunda vez en el banquillo de los acusados a instancia de varios ayuntamientos cántabros a los que retuvo el pago del FCI, mantuvo durante el interrogatorio que estaba convencido de que actuaba correctamente y cumplía con su oblgación, y calificó de "demora y no retención" su actuación con los fondos.

El titular de Economía del Gobierno regional, que se enfrenta a dos años de inhabilitación y 30 millones de multa por lo que el fiscal ha calificado de malversación de fondos públicos, sostuvo que "la demora en el envío de las cantidades del FCI se produjo mientras finalizaban las negociaciones de los ayuntamientos con la Diputación para saldar las deudas existentes entre ambos organismos". Para Manuel Pérez, las cantidades demradas "podrían servir como primer pago de esta deuda".

El consejero de Economía negó en todo momento que algún técnico de la Diputación regional le advirtiese de la ilegalidad de su actuación y afirmó que después de que se iniciaran las acciones legales contra él no pidió asesoramiento a los técnicos "porque creía que obraba legalmente".

Esta afirmación contradice la declaración del entonces secretario general técnico, Rafael Gutiérrez, quien aseguró ante la sala que remitió un informe escrito alconsejero en el que le indicaba que la medida carecía de la cobertura legal necesaria.

Gutiérrez indicó que en el momento en que entregó dicho informe, del que no existe copia alguna, Manuel Pérez retiró del orden del día de la reunión del Consejo de Gobierno el punto de la compensación y rompió el informe.

Rafael Gutiérrez fue destituido de su cargo al frente de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía días después de dar a conocer la existencia del citado informe.

Asimism, Emilio del Valle, asesor jurídico de Hacienda, y Ramón Pérez, hasta hace unos días tesorero de la Diputación regional, declararon ante la sala no haber tenido acceso al supuesto informe pero sí conocían la existencia del mismo. Del Valle manifestó además que habló personalmente con Manuel Pérez de la posible ilegalidad de su actuación con estos fondos.

La sesión quedó suspendida después de la declaración de cuatro alcaldes que detallaron las cantidades adeudadas por la Diputación en relación con losFCI. Con la declaración de diez ediles y la lectura de las conclusiones definitivas el juicio quedará visto para sentencia en la tarde de hoy.

Manuel Pérez ya fue juzgado y declarado inocente por un delito similar a éste al considerar el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que el consejero de Economía y Hacienda, aun habiendo actuado de forma ilegal, no era responsable por desconocer la ley y cree que obraba lícitamente.