En el caso de Serret, también solicita la recusación del magistrado Leopoldo Puente. Las consejeras le acusan de “falta de imparcialidad” debido a sus “intervenciones jurisdiccionales previas”. El objetivo es que todos ellos se aparten de la aplicación de la ley de amnistía en sus casos, según indica ERC en una nota.

Ahora, el Alto Tribunal ha suspendido la deliberación sobre la aplicación de la ley en el marco de ambas causas, a la espera de la resolución sobre la recusación. Esta suspensión afecta a la titular de Exteriores en el marco de su causa por el 1 de octubre, como miembro del ejecutivo de 2017, cuando era consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.

También afecta a la titular de Educación por la causa contra la Mesa del Parlament del año 2017, encabezada por Carme Forcadell, y al resto de miembros del órgano de la Cámara Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet. La condena en todos los casos es por un delito de desobediencia.

Los republicanos son "conscientes de que hay una parte de la judicatura que hará todo lo posible para no aplicar la ley y ya advirtieron de que algunos tribunales utilizarían todos los mecanismos dilatorios posibles”. Desde ERC, sin embargo, siguen convencidos de que la ley de amnistía “es robusta” y pasará “todos los filtros constitucionales y europeos”.