La rúbrica del artículo 102, que el Parlamento catalán aprobó como "Requisitos del personal judicial y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia en Cataluña", tras su paso por la Comisión, pasará a titularse "Del personal judicial y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia en Cataluña".

Éste es el artículo en el que se establece que "los Magistrados, Jueces o Fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deberán acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la forma y con el alcance que determine la ley"

PSOE, CiU e ICV pactaron otras dos transaccionales, una de ellas al artículo 101.2, sobre oposiciones y concursos, que elimina de las funciones del Consejo de Justicia de Cataluña la convocatoria de concursos para cubrir plazas vacantes de fiscales, y mantiene la de jueces y magistrados, en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Asimismo, acordaron reformar el 107.2, de modo que las modificaciones en la planta judicial que no comporten reforma legislativa "podrán" corresponder a la Generalitat. La Generalitat "podrá" crear secciones y juzgados por delegación del Gobierno del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Estos fueron los únicos cambios introducidos al informe elaborado por la Ponencia sobre el título III del Estatuto, que regula el Poder Judicial, y que fue aprobado por los miembros de la Comisión Constitucional y los delegados del Parlamento de Cataluña con el rechazo del PP y el voto en contra de ERC a determinados artículos.

El portavoz de Justicia del PP defendió su enmienda de supresión "desde la primera línea hasta la última" de un título que calificó de "insólito, inédito", porque supone "una regulación de nueva planta que afecta de raíz al corazón del poder judicial único, independiente y sólo sometido a la ley que se establece en la Constitución Española".

ANHELO DE CONSTRUCCIÓN NACIONAL

"Consuma las viejas aspiraciones de los partidos nacionalistas de tener un poder judicial propio de un ente hasta ahora llamado comunidad autónoma, a partir de ahora, veremos cómo", dijo, ya que establece un "ordenamiento jurídico completo y propio, distinto del constitucional y cierra el círculo legislación-aplicación en el ámbito del territorio de lo que se define como nación catalana".

Subrayó que este título "hace una regulación detallada del poder judicial en Cataluña, y de las competencias de la comunidad autónoma sobre el poder judicial", lo que considera "inconstitucional material y formalmente", porque este ámbito tiene que ser regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no "atendiendo a los exclusivos anhelos de un proyecto de construcción nacional".

"Hay un antes y un después en el modelo constitucional, porque la estructura de poderes, la aplicación de la ley, o principios básicos como la igualdad son rotundamente modificados sólo con el contenido de este Estatuto", advirtió, y todo ello con la connivencia del PSOE, que apoya ahora "aquello que ha negado siempre, hasta hace dos minutos".

Concluyó que el título de Justicia aprobado por el Parlamento de Cataluña "era rotundamente inconstitucional" y, tras su paso por la ponencia, "lo sigue siendo: el maquillaje se nota a kilómetros, porque se da distinta redacción a determinados preceptos para decir lo mismo".

"RESIDUO CENTRALISTA"

El portavoz de ERC, Joan Ridao, defendió sus dos votos particulares al título de justicia, pero inició su intervención con una defensa del texto frente a las críticas del PP, al que acusó de pretender que este poder se mantenga como un "residuo centralista, decimonónico".

"La Justicia española padece un gravísimo problema, y es que está politizada. Tenemos un ultraconservador gobernándola", denunció, en refernecia al presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, y esto lleva a que el órgano de gobierno de los jueces haya tratado repetidamente de "deslegitimar" el Estatuto y el Parlamento catalán.

En cuanto a los votos particulares, Ridao explicó que se opone al artículo 98, sobre las atribuciones del Consejo de Justicia de Cataluña, y al 104, acerca de los medios materiales de la Administración de Justicia, que en su opinión debe asumir la Generalitat, especialmente el pago y recaudación de tasas judiciales, ya que considera que forma parte de la actividad administrativa, y no del gobierno de la justicia.

El portavoz de la formación independentista expresó también su rechazo al texto acordado por PSOE, CiU e ICV, porque no establece el conocimiento suficiente de la lengua y el derecho propio como "requisito" para jueces y fiscales, con lo no será más que un mérito, y aseguró que seguirá batallando para que sea determinante.

"FALSEDADES" DEL PP

El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, explicó que los objetivos en materia de justicia que contiene el Estatuto pretenden adaptar la Justicia al Estado autonómico, asunto "aún pendiente y que la Constitución quiere", en segundo lugar se intenta "mejorar el servicio público de la justicia" y, finalmente, se quiere "acercar la justicia al justiciado".

López Garrido aseguró que Astarloa "ha dicho cosas tremebundas" con "solemnidad extraordinariamente falsa", y acusó a Astarloa de no haber sabido dar "ni un solo ejemplo de esas cosas que dice con impunidad total. Son absolutas barbaridades y disparates, una película de ficción".

Insistió en que toda la reforma es "escrupulosamente constitucional" y negó la fragmentación del poder judicial, que se sustituya al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Supremo y que el poder político establezca condiciones para el acceso a al carrera judicial. Todo ello, dijo, son"falsedades" ante las que apeló a la "responsabilidad" del PP en su papel de oposición.

En representación de CiU, Nuria Gispert destacó la importancia de que el Estatuto establezca "competencias exclusivas en medios materiales y competencias muy importantes en medios personales", así como la regulación del uso del catalán en el sistema judicial.

IGUALDAD DE DERECHOS

Gispert aseguró que el conocimiento de la lengua catalana para el acceso a la carrera judicial "no afecta a la igualdad de derechos" a la hora ocupar plaza, y está concebido para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos". Insistió en que el conocimiento "adecuado y suficiente" del catalán "para ejercer con dignidad su trabajo" queda claro en la reforma sin afectar a lo establecido en la Constitución.

Jordi Miralles, en nombre de ICV-IU, reprochó al PP que mantenga, aunque hoy "de manera más sosegada, el 'no' permanente", lo que atribuyó a "una obsesión en la pretendida ruptura de todo, de España en concreto, y una falsedad recurrente. Lo insólito es que van a votar en contra incluso de artículos del Estatuto vigente, porque ustedes son la fuerza del no".

Denunció que el argumento del PP de que se rompe la igualdad de los ciudadanos ante la ley "es un menosprecio al Parlamento de Cataluña y una barbaridad" que demuestra cómo "ni desiertos ni oasis, (los populares) se mantienen en la caverna". El portavoz de IU-ICV en el Congreso, Joan Herrera, se felicitó de la aprobación de este título pese a la "oposición numantina" de los populares.