La iniciativa se enmarca en las elecciones autonómicas de Cataluña del próximo 12 de abril. De hecho, el PP ha bautizado su texto como moción “sobre la inseguridad ciudadana y a la ocupación ilegal que afectan especialmente a Cataluña”. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo pretende hacerse con la bandera del combate contra la delincuencia y la ‘okupación’ de cara a la cita con las urnas y esta ha sido la primera batería de medidas que ha propuesto para paliar esta problemática.

El texto denuncia que en Cataluña los datos de criminalidad son “bastante preocupantes”, pues “en tan solo un año” se ha incrementado un 7,26%, con una cifra total de 509.521 infracciones penales. “Frente a este inquietante panorama”, el PP denuncia que la Policía Nacional y la Guardia Civil se enfrenta a una “sobrecarga de trabajo”. No solo por el incremento de la criminalidad, sino por la “difícil cobertura de las vacantes existentes”.

“Actualmente el déficit es de 1.279 agentes en el caso de la Policía Nacional y de 938 agentes en el caso de la Guardia Civil", señalan desde el principal partido de la oposición, que advierte al Ministerio del Interior de que “no se puede mirar para otro lado”.

Con respecto a la ocupación ilegal, la iniciativa del PP acusa al Gobierno de ponerse “del lado de los ‘okupas’ en vez del de sus víctimas”. Y señala que, como consecuencia de ello, “se ha disparado desde que gobierna Pedro Sánchez” en un 37%, hasta alcanzar “casi 46 denuncias al día”. Cataluña sería la más perjudicada, representando el 42% de las denuncias tras experimentar un incremento del 82% entre 2017 y 2022

MEDIDAS CONTRA LA ‘OKUPACIÓN’

En esta coyuntura, el PP insta al Ejecutivo de Sánchez a “adoptar todas las medidas necesarias con el fin de luchar contundentemente contra la ocupación ilegal de inmuebles”, sobre todo en Cataluña. Para ello, reclama derogar “toda normativa que ampare dicho fenómeno” y garantizar que el desalojo se produce en un “plazo máximo” de 24 horas desde el requerimiento, siempre y cuando los ocupantes del inmueble no acrediten en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble. El desalojo, sin embargo, sería “inmediato” en los casos de flagrante delito.

A su vez, la oposición aboga por reforzar las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel, excluir el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado y “mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias”.

Y, por último, quiere que se considere nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal, se prohíba que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o domicilio del ocupante ilegal, se legitime a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal y para acudir a las autoridades, y devolver las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el Impuesto sobre el Patrimonio por el periodo que haya durado la ‘okupación’.

REFORZAR EFECTIVOS

Con respecto a la criminalidad, la iniciativa del PP quiere instar al Gobierno a reforzar los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña “y cubrir todas las vacantes existentes en las relaciones de puestos de trabajo”.

También solicitar atender las reivindicaciones salariales de los agentes destinados en territorio catalán y “reconocer la extraordinaria labor que desempeñan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en toda España y, en especial, en Cataluña por las dificultades con las que realizan su trabajo”.

En otro orden de cosas, el PP pide reformar “de manera urgente” el Código Penal para endurecer las penas contra los delitos de hurto y estafa “con el fin de reducir la multirreincidencia”. Y, por último, solicita la creación de Juzgados de lo Penal en Cataluña, “especialmente en la ciudad de Barcelona”.