Dicho plan, aprobado el pasado 6 de marzo por el Consejo de Ministros, consta de seis medidas y tiene una valoración económica que asciende a 1.577 millones de euros.

Cinco de estas seis medidas se recogen en los tres capítulos del real decreto ley: medidas para el mantenimiento del empleo, medidas de protección a las personas desempleadas y medidas para el fomento del empleo.

A ellas hay que añadir una sexta iniciativa, el reforzamiento de los Servicios Públicos de Empleo, que, siendo fruto también de la concertación social, no se incluye en el articulado porque no requiere modificaciones legislativas para su aplicación.

Por un lado, el Ejecutivo aprueba una serie de medidas que afectan a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), como la reposición de las prestaciones de los afectados por un ERE temporal y que posteriormente pierdan su trabajo, hasta un máximo de 120 días.

El real decreto incorpora también la aplicación de condiciones especiales de aplazamiento para el pago de cuotas a la Seguridad Social para empresas que atraviesen momentos de dificultad económica, con el objetivo de que ninguna compañía viable y solvente cierre por no poder hacer frente a pagos a la Seguridad Social.

Por otro lado, se bonificará a las empresas que contraten a desempleados en el 100% de la cuota empresarial de la Seguridad Social de ese trabajador, hasta alcanzar el importe de la prestación por paro que todavía le quedaba por percibir al empleado.