El veto de Vox tan solo logró 54 ‘síes’ de sus diputados, 94 abstenciones de PP y Ciudadanos, y 194 ‘noes’ de PSOE, Unidas Podemos, PNV y EH Bildu, entre otros partidos. También votó en contra ERC, que retiró su enmienda a la totalidad en el último momento tras defender en el Pleno que esta autoridad no es la mejor opción para reforzar la protección de los usuarios ante “los abusos palmarios” de las entidades bancarias.

Tras escuchar las intervenciones de los grupos parlamentarios, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, celebró el “tono constructivo” en el que se desarrolló el debate, así como la salida adelante de la ley en este primer trámite por su necesidad de “urgencia”.

El objetivo de la normativa es “reforzar significativamente” los mecanismos de solución de conflictos de carácter extrajudicial, lo que resulta “especialmente importante” para las pymes, que dispondrán de un cauce adicional para proteger sus intereses, según Calviño.

Asimismo, dará a los ciudadanos “una solución rápida” gracias a la entrada en vigor de instrumentos “eficaces y ágiles”, que resolverán los conflictos de forma alternativa a los tribunales de justicia, donde hay más de 30.000 litigios pendientes; algunos de ellos con un retraso que supera los 10 años.

Para ello, la ley establece que las reclamaciones de cuantía reducida –por debajo de 20.000 euros, que son “la práctica totalidad” de las que actualmente se presentan– tendrán carácter “vinculante” y se harán por vía extrajudicial, lo que agilizará los trámites para resarcir a los ciudadanos perjudicados.

NUEVAS ENMIENDAS

La mayoría de formaciones políticas ven con buenos ojos el contenido de la ley, pero reconocieron también ciertas discrepancias que darán lugar a distintas baterías de enmiendas en la siguiente fase parlamentaria. Ante esta advertencia, Calviño aseveró que “el diálogo” será la base de las negociaciones que comenzarán a partir de ahora.

En este sentido, ya ha avanzado que “se podrá abordar sin ningún problema a lo largo de la tramitación parlamentaria” la financiación de la Autoridad de Defensa del Cliente. Para garantizar su solvencia, la ley establece que las entidades financieras deberán satisfacer una tasa de 250 euros cuando la reclamación de los usuarios sea admitida a trámite.

Este punto genera dudas a PP, Vox, Ciudadanos o PNV, que mostraron sus dudas con el hecho de que “el reclamado” tenga que financiar la reclamación con independencia de si tiene o no razón. Asimismo, auguraron que, en los casos en los que la cifra reclamada sea inferior a estos 250 euros, el banco procederá a pagar al usuario la cantidad reclamada porque le supondrá un ahorro.

Por otro lado, Calviño señaló que “comparte plenamente” las alegaciones formuladas por el arco parlamentario, que incidió en la necesidad de identificar los sujetos que estarán protegidos por la Autoridad de Defensa del Cliente. En este sentido, apuntó que se debe “reforzar la protección de los ciudadanos más vulnerables”, por lo que se abrió a aplicar retoques en este sentido en el trámite parlamentario.

El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la avocación del proyecto de ley, por lo que ha recabado para para sí mismo la aprobación del texto, en detrimento de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara.