La iniciativa presentada por Sumar, debatida este martes en la Comisión de Trabajo y Economía Social del Congreso, fue rechazada por 19 votos en contra, 17 a favor y una abstención.

El texto está en línea con la defensa que la líder del partido y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, viene realizando para ampliar la democracia en el ámbito de las relaciones laborales, un aspecto que incluso recoge el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. En numerosas ocasiones, Díaz lamentó que la democracia no ha llegado todavía plenamente a la gestión de la mayoría de las empresas.

La diputada de Sumar Verónica Martínez, quien defendió la PNL, advirtió de la creciente desafección de la ciudadanía en las instituciones y asumió que “naturalmente, eso no preocupará a quienes han hecho de la deslegitimación de las instituciones su modus operandi en política”.

Así, anticipó que “cuanto peor nos vayan las relaciones laborales, más opciones habrá para las diferentes expresiones de autoritarismo político”, al tiempo que defendió el papel de los sindicatos para mejorar los derechos de los trabajadores.

“Hablar, por tanto, de democracia en la empresa es intervenir en el debate sobre la reconstrucción de un contrato social que está muy tocado por décadas de neoliberalismo, desigualdad y precarización”, sostuvo Martínez, que indicó que, en los últimos años, se ha constatado la “correlación existente entre el aumento de la precariedad y la inseguridad en el mundo del trabajo y el incremento del voto de las opciones de extrema derecha”.

En representación del PSOE, la diputada Noelia Cobo señaló que la legislación ya recoge la participación de los trabajadores en la empresa, aunque valoró positivamente que la misma se pueda ampliar. También puso el foco en la relevancia de la Inspección de Trabajo para “luchar” contra toda clase de vulneración de los derechos laborales.

CLARAMENTE EN CONTRA

Del lado de la oposición, el parlamentario del PP Rafael Belmonte afeó que Sumar lleve esta iniciativa al Congreso sin haberla dialogado antes con los agentes sociales, dado que la patronal está “claramente en contra”.

Asimismo, cuestionó que Sumar pida “más información” cuando la conflictividad laboral está en mínimos. “Se carga las funciones del Comité de empresa y, encima, va en contra de lo que es un sistema de gestión como el movimiento cooperativo”, abundó el diputado ‘popular’.

Igualmente, recordó que la ley española ya recoge que los consejos de administración deben contar con consejeros independientes cuando superan un determinado número de trabajadores y se preguntó si esta iniciativa no pondría en riesgo “la independencia” al haber consejeros “impuestos por los sindicatos”.

De la misma manera, afirmó que se podría “bloquear” y “ralentizar” la toma de decisiones. “Cuando dicen información quieren decir fiscalizar; con el aumento de la participación lo que quieren es controlar, y cuando quiere que los sindicatos estén en los consejos lo que quieren es, como siempre, seguir interviniendo a las empresas”, lanzó Belmonte a Sumar.

ELIMINAR SUBVENCIONES

Desde Vox, el diputado Juan José Aizcorbe destacó que ya existe libertad de reunión y participación sindical y abogó por eliminar las subvenciones a los sindicatos. Además, señaló que “a los trabajadores no les pertenece la empresa, sino su trabajo” y afirmó que es una iniciativa que “va más a defender a los sindicatos que a los trabajadores”.

Por su parte, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal explicó que su grupo defiende ampliar la democracia en las relaciones laborales pero lamentó que la propuesta debería ser matizada “mucho”, porque no concreta nada. Asimismo, resaltó que se debe negociar en el seno del diálogo social. “La clave está en cómo se hace y cómo se articula esto en el día a día”, añadió.

Josep Maria Cervera, de Junts, recordó que el Gobierno es quien tiene la capacidad legislativa. Y, aunque dijo que aumentar la participación de los trabajadores en las empresas sería positivo, precisó que no avalarán como un “acto de fe” esta iniciativa.

LA PROPUESTA

El texto de la PNL señala que, más allá de los derechos de participación ya reconocidos legalmente en España para los trabajadores y sus representantes legales, la transición ecológica, energética y digital que las empresas deberán acometer en los próximos años “aconseja extender y reforzar los procedimientos de información y consulta sobre otras decisiones que puedan tener efecto, a corto o a medio plazo, en las condiciones de trabajo”.

Además, recoge que se debe contar con la plantilla cuando las empresas afrontan procesos de internacionalización, así como se deben cumplir las exigencias legales internacionales al respecto. También apunta que se debe asegurar el derecho a elegir o designar a determinados miembros del órgano de administración o de control de la sociedad, así como a recomendar u oponerse a la designación de una parte o de todos los miembros del órgano de administración o de control.

Así las cosas, la PNL insta al Gobierno a “impulsar un funcionamiento más democrático de las empresas, reforzando el marco normativo en relación con los mecanismos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras en la toma de decisiones que afecten a las condiciones de trabajo y empleo y a la organización del trabajo en la empresa”.

También promueve el diseño e implementación de los instrumentos de control necesarios para asegurar que los derechos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras en la empresa resultan eficaces a tales fines.

Finalmente, apremia a extender y mejorar la cobertura de las representaciones de las personas trabajadoras en las empresas a nivel estatal y trasnacional. Igualmente, solicita establecer un sistema que permita la participación sindical en los consejos de administración de las empresas.