Tras ser aprobado el decreto, con 184 votos a favor (PSOE, CiU, CC y BNG) y 162 en contra, toda la Cámara aprobó, por unanimidad, que sea tramitado como proyecto de ley.

En su intervención en el Pleno, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió que "la situación de nuestro mercado de trabajo exige actuaciones urgentes".

También dejó claro que el Gobierno "mantiene su compromiso de involucrar a los interlocutores sociales a través del diálogo social".

Este paquete de medidas, a su juicio, anima la demanda de trabajadores por parte de las empresas, favorece la estabilidad laboral, facilita la rápida reinserción de los desempleados y previene los problemas derivados del paro de larga duración. Además, "impulsa la contratación a tiempo parcial", lo que, a su vez, "favorece una mejor conciliación" de la vida personal y laboral.

VOTO EN CONTRA

El Partido popular presentó un voto en contra de un plan que considera "insuficiente e incoherente". El popular Cristóbal Montoro pidió la retirada de este paquete de medidas porque supone "una reacción a los pésimos datos de empleo, como si el Gobierno no fuera capaz de anticipar y prevenir".

"Ya está bien de chapuzas", dijo Montoro, quien acusó al Ejecutivo de llevar a cabo "la política del avestruz". "Los europeos no pierden empleos, los pierden los españoles".

Finalmente, dijo que éste es "el peor Gobierno de la democracia española", carente de "iniciativas e ideas". "Es el momento de la rectificación de la política económica. Ya está bien de limosnas".

Tampoco GER-IU-ICV apoyó el decreto, tachado de "mercantilista" por Joan Tardà (ER). Aprovechó, asimismo, la ocasión para recriminar al Gobierno su gestión en torno al aeropuerto de El Prat (Barcelona),

Desde IU, Gaspar Llamazares, dijo que este es un "decreto salomónico" que discrimina a los más débiles, es decir, quienes no tienen prestación por desempleo.

Además, criticó la "tendencia irrefrenable del Gobierno de legislar por decretos", lo que "degrada la calidad democrática". Llamazares, finalmente, animó al Gobierno a superar la crisis "por la izquierda, porque los empresarios no quieren aportar ni un grano de arena".

El PNV fue otro de los grupos que se posicionó en contra de estas medidas. El diputado Emilio Olabarría habló de la "insuficiencia manifiesta" de las medidas del plan, en el que "lo importante es lo que falta". En su opinión, este decreto es "el espejo del fracaso de la concertación", por lo que instó a dar prioridad a las negociaciones en la mesa del diálogo social.

También el Grupo Mixto negó su voto al decreto. Uxue Barkos (NaBai) afirmó que las medidas que contempla el plan son "paliativas en los social, pero difícilmente generadoras de empleo más allá del 31 de diciembre de 2009".

La también diputada del Grupo Mixto Rosa Díez (UPyD) acusó al Gobierno de sentirse "cómodo en su papel de apagafuegos" y consideró "ingenuo pensar en un crecimietno estable" sin abordar "una reforma profunda".

A su juicio, el plan no se ocupa de los problemas principales del mercado de trabajo, como la temporalidad y el desempleo de larga duración. Para Díez, en el PSOE "saben ganar elecciones con la misma efiacia que no saben gobernar el país".

El diputado de CiU Carles Campuzano, sin embargo, mostró su apoyo al decreto, "en la medida en que sea tramitado como proyecto de ley". Campuzano calificó las medidas del plan de "paliativas" e insuficientes. "Sería razonable", por ello, que en la tramitación del texto "se puedan resolver las cuestiones pendientes". Para CiU, además, "la magnitudde la crisis va a exigir que el diálogo social incorpore medidas de más calado".

El socialista Jesús Membrado, por su parte, argumentó que las medidas que contrempla el plan tienen "cautela", son oportunas y "conllevan beneficios para trabajadores y empresas", que además serán "mejoradas adecuadamente en la tramitación como proytecto de ley".

Además, echó en cara a los grupos parlamentarios que utilicen su negativa a este decreto para tomarse la revancha, en relación otros asuntos.

MEDIDAS DEL PLAN

El plan que sale hoy de la Cámara Baja fue aprobado el pasado 6 de marzo por el Consejo de Ministros, consta de seis medidas y tiene una valoración económica que asciende a 1.577 millones de euros.

Cinco de estas seis medidas se recogen en los tres capítulos del real decreto ley: medidas para el mantenimiento del empleo, medidas de protección a las personas desempleadas y medidas para el fomento del empleo.

A ellas hay que añadir una sexta iniciativa, el reforzamiento de los Servicios Públicos de Empleo, que, siendo fruto también de la concertación social, no se incluye en el articulado porque no requiere modificaciones legislativas para su aplicación.

Por un lado, el Ejecutivo aprueba una serie de medidas que afectan a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), como la reposición de las prestaciones de los afectados por un ERE temporal y que posteriormente pierdan su trabajo, hasta un máximo de 120 días.

El real decreto incorpora también la aplicación de condiciones especiales de aplazamiento para el pago de cuotas a la Seguridad Social para empresas que atraviesen momentos de dificultad económica, con el objetivo de que ninguna compañía viable y solvente cierre por no poder hacer frente a pagos a la Seguridad Social.

Por otro lado, se bonificará a las empresas que contraten a desempleados en el 100% de la cuota empresarial de la Seguridad Social de ese trabajador, hasta alcanzar el importe de la prestación por paro que todavía le quedaba por percibir al empleado.