La propuesta, posterior al Debate sobre el Estado de la Nación, fue presentada en solitario por el PSOE, pero finalmente fue respaldada por todos, con 192 votos a favor y 147 en contra, y los aplausos de buena parte de los diputados y la seriedad del PP.

El punto dos de esa resolución incluye un párrafo tomado literalmente del Pacto de Ajuria Enea, firmado en su momento por todos los partidos democráticos.

"Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetanto en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular", dice ese párrafo.

El PNV había incluido este mismo párrafo en una propuesta de resolución presentada al margen del PSOE, pero que finalmente retiró para respaldar la de los socialistas.

El portavoz peneuvista, José Ramón Beloki, precisó que su grupo respalda este texto "no porque sea el momento o por coyuntura política", sino porque recupera un principio "que nunca debió abandonarse".

A ese párrafo los socialistas añaden una coletilla para subrayar que la paz "no tiene precio político" y la democracia española "nunca aceptará el chantaje de la violencia".

La propuesta aprobada reitera que el terrorismo es "moralmente inaceptable y absolutamente incompatible con la democracia".

"A ETA sólo le queda un destino: disolverse y deponer las armas", dice el texto, que reitera la necesidad de la unidad democrática de los partidos políticos", y eso significa "la eliminación de la confrontación partidaria en la política antiterrorista".

La resolución expresa la voluntad de "trabajar juntos" por el fin de la violencia y destaca la importancia de la unidad democrática frente a los terroristas, lo que significa "la eliminación de la confrontación partidaria en la política antiterrorista".

Formalizan, por ello, "nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre los partidos las políticas para acabar con el terrorismo", y expresan la solidaridad con las víctimas y la voluntad de otorgarles el reconocimiento y atención de la sociedad.

Manifiesta, asimismo, el respaldo a las Fuerzas de Seguridad, cuya eficacia se está demostrando, y la convicción de que la colaboración internacional es indispensable para la erradicación de la violencia.

"MERECE LA PENA INTENTARLO"

Izquierda Unida también lo respaldó y retiró su texto original, que abogaba por un nuevo pacto de todos los partidos, sin perjuicio de acuerdos bilaterales, "pero no supeditado ni ejecutiva ni funcionalmente a éstos, y en colaboración con pactos similares a los que se pudieran crear en los parlamentos vasco y navarro, donde se aborde la información, la definición de políticas frente al terrorismo y en su caso los procesos de paz".

El portavoz de CiU, Jordi Jané, expresó el respaldo de su grupo al Gobierno con esta propuesta, porque "merece la pena intentarlo", pero siempre "con garantías, el cese del ruido de las armas".

Jané se centró en denunciar ante los diputados socialistas la paradoja de que este texto se apruebe con el respaldo de todos los grupos, menos el PP, al tiempo que se mantiene un pacto antiterrorista sólo con este partido.

Esta afirmación iba en la línea del texto que había defendido CiU y que fue rechazado, en el que pedía un nuevo acuerdo consensuado para luchar contra el terrorismo, prevenir atentados y respaldar a las víctimas, "superando el actual pacto que incluye únicamente a las dos formaciones políticas mayoritarias en las Cortes Generales y que contiene un preámbulo excluyente y no integrador".

Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai también respaldaron la propuesta del PSOE, aunque ambas formaciones mantuvieron vivos sendos textos sobre este asunto, que fueron rechazados.

El de Eusko Alkartasuna pedía trabajar "en la búsqueda de un clima de paz auténtico y normalización sobre la base de la firmeza frente a la vulneración de los derechos humanos, el esfuerzo de diálogo sin exclusiones ni concesiones antidemocráticas y el respeto a la voluntad de la sociedad respecto a lo que libre, pacífica y democráticamente determine para su futuro político".

Por su parte, Nafarroa Bai pedía el acercamiento de presos de ETA a sus lugares de origen para el cumplimiento de sus penas "como paso previo y necesario a la preparación de un hipotético escenario de pacificación, y con el objeto añadido de mantener a los familiares de las puesta del PP contó con una enmienda del PSOE que no fue aceptada por los populares, de forma que la mayoría parlamentaria decidió finalmente rechazar el texto.

Antes de la votación, Zaplana había emplazado enérgicamente al PSOE a "no confundir a los ciudadanos" y cumplir con la legislación sobre partidos para ilegalizar una formación "que es igual a ETA y a Batasuna".

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, denunció los insultos y descalificaciones vertidos por el PP a un texto que únicamente pretende lograr la unidad de todos los demócratas. "¿Cómo va a decir que no a algo que votó en 1987?", se preguntó.

"Dos no se pelean si uno no quiere", dijo al PP, y los socialistas no secundarán lo que consideran una "insensata" estrategia de los populares para alimentar la crispación y "romper" la unidad para culpar de ello al Gobierno.

López Garrido esbozó las líneas básicas del contenido de la propuesta, con especial atención a la voluntad de lograr para las víctimas el reconocimiento de la sociedad.

Con representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la tribuna de invitados, el portavoz socialista proclamó que el mejor homenaje a quienes han padecido la violencia "es acabar con ETA".