La proposición fue defendida únicamente por el PP, porque los demás grupos parlamentarios cuestionaron su eficacia en la lucha contra el terrorismo y alertaron, sin embargo, del recorte que supondría en los derechos y libertades.

La iniciativa del PP se basa en la idea de que el odio evidenciado en los ataques terroristas del 11-S en Estados Unidos, el 11-M en Madrid y el 7-J en Londres "no ha surgido espontáneamente, sino que viene siendo alimentado por los ideólogos del islamismo más radical desde hace muchos años".

En defensa de la iniciativa, Gustavo de Arístegui subrayó que los actos terroristas de tinte islamista tienen siempre "un adoctrinamiento previo" destinado a deshumanizar a los supuestos enemigos.

Considera por ello el PP que "se deben bloquear sus canales de expresión, se debe restringir sus movimientos, se debe impedir que utilicen la libertad de la que disfrutan en nuestras sociedades para predicar su destrucción".

La exposición de motivos de la iniciativa citaba como ejemplo a Tareq Ramadan, un polémico islamista con entrada prohibida en varios países occidentales y que ha sido invitado a un encuentro patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

"España no debe permitir la entrada en sus fronteras de aquéllos que vengan a predicar el odio y la repulsión a nuestros valores", dice el texto del PP, al que Arístegui añadió en su intervención otros ejemplos concretos.

La iniciativa pedía al Gobierno la colaboración con los demás países de la Unión Europea para identificar a los ideólogos del fanatismo islamista, y establecer una lista para considerarlos como personas "non gratas" a las que se impediría la entrada en España.

Otra de las peticiones del PP era impedir que la Alianza de Civilizaciones impulsadas por el Gobierno "se convierta en una plataforma desde la que puedan expresar sus ideas los más radicales opositores a los valores de la libertad y la democracia".

La propuesta contó con el rechazo frontal de varios grupos parlamentarios, que alertaron de la necesidad de luchar contra el terrorismo preservando las libertades que ese terrorismo quiere cercenar.

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, aseguró que la iniciativa del PP fomentaría una especie de "caza de brujas" que pondría en riesgo la libertad y los principios básicos de la democracia.

En términos similares se expresó el portavoz del PNV, Emilio Olabarría; el de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Puig; y el de CiU, Carles Campuzano.

El socialista Rafael Estrella recordó que Ramadan no tiene ninguna causa pendiente en España, por lo que negarle la entrada violaría la legislación y vulneraría los principios esenciales de la democracia española.

Estrella dijo, además, que la "Patriot Act" con la que Estados Unidos ha prohibido la entrada en su territorio de Ramadan es "un torpedo en la línea de flotación" de la democracia estadounidense.