El pleno de la Cámara Baja rechazó, con los votos en contra del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria, la proposición de ley del Grupo Socialista que pretendía crear un organismo público adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, "encargado de la defensa del derecho fundamental a la igualdad de género en el ámbito laboral".

La secretaria de Igualdad dl PSOE, Micaela Navarro, argumentó que la baja tasa de actividad de las mujeres en España, de un 40 por ciento -frente al 57 por ciento de la tasa general-, y la diferencia entre el paro femenino y masculino, que alcanza los nueve puntos porcentuales, hace necesario crear un organismo que vele por la igualdad de oportunidades para el acceso al mercado laboral.

Para ello, propuso la creación de un organismo que se encargaría de elaborar estudios y estadísticas de las políticas de personal en las empress y recabar información sobre su actuación, colaborar en la puesta en marcha de planes de acción a favor de las mujeres, asesorar a la Administración, atender las denuncias de las trabajadoras, actuar en los órdenes jurisdiccionales social y penal en defensa de sus derechos y redactar una memoria anual que refleje las actuaciones en este sentido.

Navarro insistió en que esta agencia "se adapta a la realidad y a la legislación española y europea", y contribuiría positivamente a evitar la discriminaciónen el acceso y la permanencia en el empleo, que no se debe sólo a la falta de formación ni de adaptación al mercado laboral, sino a que "la realidad está muy lejos de recoger los derechos que nos amparan desde la Constitución".

En nombre de Izquierda Unida, Marisa Castro expresó el apoyo de su grupo a esta iniciativa, al considerar que contribuye a "avanzar a una velocidad adecuada" para cumplir los objetivos del pleno empleo de la Unión Europea y "favorecer un nuevo equilibrio" entre la vida laboralfamiliar.

Castro agregó que se presenta "un horizonte muy gris para las mujeres europeas, porque no vemos que se estén tomando medidas en esa dirección".

GASTO PUBLICO

La diputada del Grupo Popular María Reyes Montseny resaltó que, aunque "queremos el trabajo de la mujer como las que más" -aunque algunos grupos quieran "llevar la antorcha" de la igualdad laboral-, supondría una "incongruencia" con la política global pensar que con la creación de la Agencia para la Igualdad de la Mujer en el Emleo se solucionaría el problema de la discriminación laboral de las mujeres.

Asimismo, la diputada popular se preguntó "de dónde vamos a sacar los recursos" y subrayó que "las políticas socioeconómicas tienen que ser consecuentes. No podemos aceptar la creación de una agencia que supondría mucho más gasto público; lo razonable será que profundicemos en políticas activas de empleo, que en definitiva es lo que crea riqueza".

Para ello, agregó que es necesario incidir en mecanismos como las deduccioes a la Seguridad Social, prestar especial atención a las mujeres y otros colectivos con dificultades de acceso al empleo en la ley de Formación Profesional y continuar con las medidas que se articulan en los planes de igualdad en el empleo, el plan de conciliación de la vida laboral y familiar y otros acuerdos.

INVASION DE COMPETENCIAS

CiU, Coalición Canaria y PNV votaron en contra de esta propuesta por considerar que no tiene sentido crear una agencia estatal para regular una materia que está competamente transferida a las comunidades autónomas.

Mercé Pigem, del Grupo Catalán, recalcó que, aunque es preciso promover la igualdad real y efectiva en el mundo laboral, la propuesta del PSOE "de nuevo lamina las competencias de las comunidades autónomas". Recalcó que en esta materia deben implicarse todos los poderes públicos, pero "cada uno de ellos en el ámbito de sus competencias" y con el control de su acción de gobierno a través de sus parlamentos respectivos.

María del Mar Julios, de Coalción Canaria, resaltó que, aunque coincide con el PSOE en la necesidad de desarrollar acciones positivas, porque la tendencia actual no va a permitir la consecución de los objetivos de pleno empleo, la creación de agencias de la Administración central no es "la fórmula adecuada", algo con lo que coincidió el diputado del PNV Iñaki Txueka.