De esta manera, las personas que tengan un grado de discapacidad mayor a un 65 por ciento que, cobrando la citada prestación, encuentren un empleo, podrán mantener la pensión durante cuatro años, siempre que la suma de los dos ingresos no supere 1,5 veces el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM), unos 600 euros mensuales.

En caso de exceder de esa cuantía, la nueva normativa fija que se rebajará el importe de la pensión en el 50% del exceso, siempre con el límite de 1,5 veces el IPREM.

El texto fue ratificado definitivamente por el pleno del Congreso después de su paso anterior por esta misma Cámara y por el Senado.

En este último trámite se rechazó una enmienda que el PP había logrado aprobar en el Senado con el respaldo del PNV para regular de idéntico modo que lo anterior la compatibilidad de las asignaciones familiares por hijo a cargo con discapacidad de la Seguridad Social con la actividad remunerada.

Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) rechazó esa enmienda con el argumento de que próximas iniciativas gubernamentales cubrirán ese flanco pendiente. También el portavoz de CiU, Carles Campuzano, aludió a un compromiso del PSOE para rechazar la enmienda del PP.

La diputada socialista María José Sánchez confirmó el rechazo a esa enmienda con el compromiso de consensuar una iniciativa conjunta de todos los grupos que inste al Gobierno a estudiar la situación actual para impulsar, en el marco del diálogo social, una reforma del sistema de protección familiar de personas con discapacidad.

RANGO DE LEY

El Congreso ratificó por unanimidad otras enmiendas del PSOE aprobadas ya en el Senado para dotar de "mayor seguridad jurídica" a una norma que garantiza la compatibilidad entre las asignaciones familiares por hijo a cargo minusválido en grado igual o superior al 65% y la pensión de orfandad que dicho hijo viniera percibiendo.

En los últimos meses del Gobierno del PP una ley declaró incompatibles estas dos ayudas y, posteriormente, un real decreto, también del Ejecutivo de José María Aznar, subsanó esa situación y repuso la citada compatibilidad, algo que reclamaban las asociaciones de discapacitados, encabezadas por el CERMI.

Con las enmiendas aprobadas en el Senado y ratificadas hoy por el Congreso de los Diputados, ese decreto obtendrá rango de ley.