La iniciativa salió adelante en la comisión no permanente para las políticas integrales de la discapacidad, tras una enmienda transaccional presentada por el PSOE.

El texto definitivo aprobado emplaza al Gobierno a dar prioridad a las medidas de generación de empleo autónomo entre los discapacitados, con incentivos fiscales y programas específicos de promoción de proyectos empresariales por cuenta propia.

José Domingo Oreiro, portavoz del PP, señaló que hace falta que el Gobierno se implique en la adopción de estas medidas, porque, ahora mismo, un empresario que contrate a un discapacitado percibe más estímulos económicos que si un discapacitado monta un negocio por cuenta propia.

Por el PSOE, la diputada Lucila Corral afirmó que el decreto que ultima el Ejecutivo sobre medidas generales de empleo será un espacio idóneo para la inclusión de nuevas iniciativas de autoempleo para discapacitados, y en esa dirección va la enmienda transaccional planteada con éxito por su grupo.

CAMBIO DE TENDENCIA

Durante la sesión de hoy de la comisión no permanente sobre discapacidad compareció la directora general de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, Olga Mella, para informar sobre las actuaciones que ha realizado y tiene previsto poner en marcha su departamento en relación al empleo público de los discapacitados.

Mella afirmó que las cifras de los dos últimos años sobre convocatoria pública y adjudicación de empleos para discapacitados desde la Administración central son "alentadoras" y permiten ser "optimistas", porque "marcan una cambio de tendencia muy significativo y favorable".

De acuerdo con los datos oficiales, en 2004 se adjudicó a discapacitados en la convocatoria de ingreso libre un 3,16% de plazas sacadas a concurso y el año pasado, un 4,79 por ciento. En promoción interna, se pasó del 1,32 de 2004 al 2,4% en 2005.

La directora general aseguró que el Estatuto Básico de la Función Pública que tiene ya el Gobierno en fase avanzada de borrador tendrá una "enorme trascendencia" para las personas con discapacidad, porque su artículo 59 obligará a todas las Administraciones públicas a reservar para este colectivo un cupo mínimo del 5 por ciento de su oferta anual de empleo, algo que ahora ya es exigido al Ejecutivo central.

Durante su intervención, Olga Mella informó también de que el Gobierno estudia medidas para facilitar la jubilación anticipada de funcionarios públicos con discapacidad.