La proposición no de ley fue aprobada por práctica unanimidad, con 299 votos a favor, una abstención y un voto en contra, achacables a errores de dos diputados.

En la defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE Lourdes Muñoz destacó los avances que ya se han producido en esta materia y defendió las ventajas para el uso de las lenguas minoritarias en este tipo de software.

Se debe fomentar la "libertad de opción" de los ciudadanos, y que en las compras de software por parte de la Administración se tomen en cuenta criterios de "idoneidad, seguridad, interoperatividad tecnológica, racionalidad técnica y tecnológica".

El objetivo es que "la industria no nos lleve", sino que en cada caso se pueda decidir cuál es la "mejor opción", agregó Lourdes Muñoz.

El diputado del PP José Ignacio Echániz reclamó al Gobierno que vele por "dos elementos esenciales: la compatibilidad y la interoperatividad de software y plataformas". "Imponer" o "restringir" son pasos en una dirección "errónea", sostuvo Echániz, y será "perjudicial" para empresas, ciudadanos y administraciones.

El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez-Llibre, expresó su respaldo a la promoción del software libre, aunque planteó algunas dudas sobre la literalidad de la iniciativa.

Mientras, el portavoz de IU-ICV en el Congreso, Joan Herrera, destacó que el software libre permitiría un ahorro de 300 millones de euros a la Administración, y reclamó al Gobierno una apuesta más contundente por el mismo.

Desde ERC, Jordi Ramón destacó que el software libre fomentará la innovación tecnológica e introduce "muchas ventajas". El diputado del PNV José Ramón Beloki expresó, aunque con ciertas reticencias, su apoyo a la iniciativa socialista.

La proposición subraya la necesidad de establecer políticas que favorezcan la industria y el desarrollo de software libre y de código abierto en España con el fin de promover la generación de soluciones que, en la actualidad, sólo existen bajo la forma de software propietario.