La iniciativa concitó esta tarde en el Pleno del Congreso el apoyo de todos los grupos de la Cámara Baja, después de que la proposición no de ley presentada inicialmente por el PP fuese enmendada por el PSOE y consensuada con todos los grupos parlamentarios, con el fin de mejorar la integración laboral de las personas con discapacidad en España.

Según el texto que sale del Congreso, el Gobierno, contando con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y con los agentes sociales, habrá de poner en marcha mecanismos para garantizar el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad.

Concretamente, la proposición señala que "la vigilancia del cumplimiento de la obligación legal de reserva será objeto de atención preferente en los planes de inspección de trabajo".

Además, obliga al Ejecutivo a continuar con el desarrollo de las previsiones sobre acceso de las personas con discapacidad al empleo público mejorando la difusión de las convocatorias entre este colectivo, implantando medidas de carácter económico para facilitar la preparación de oposiciones a quienes tengan alguna discapacidad y estableciendo programas de formación y prácticas en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública.

La proposición no de ley insta también al Ejecutivo a promover un estudio que tenga por objeto analizar la pertinencia de incrementar la bonificación inicial de las cuotas de la Seguridad Social sobre la base de cotización a las personas con discapacidad que se establezcan como autónomas.

EL DEBATE

El portavoz del PP en la Comisión de Discapacidad del Congreso, Francisco Vañó, subrayó en la defensa de la proposición que en España hay actualmente cerca de 1.300.000 personas con discapacidad en edad de trabajar y que sólo lo hace el 32% de ellas, con lo que la inactividad laboral llega en este sector de la población al 76,3% de las mujeres y casi al 60% de los hombres.

Sólo uno de cada diez empleos para personas con discapacidad es estable, afirmó Vañó, quien recordó al Gobierno que el plan de empleo está previsto en la ley para la mejora del crecimiento y del empleo, aprobada en 2006, que establece que este plaa ha de ponerse en marcha en el plazo de seis meses tras la aprobación de la norma.

Por su parte, la portavoz de Políticas de Discapacidad del Grupo Parlamentario Socialista, María José Sánchez, aseguró que esta estrategia de empleo para las personas con discapacidad está ya "muy avanzada" y que en ella están trabajando el Gobierno, las CCAA y el propio movimiento asociativo de las personas con discapacidad.

Fruto del esfuerzo del Ejecutivo socialista, dijo Sánchez, "en 2007 se contrataron a casi 86.000 personas con discapacidad, frente a las 39.000 de 2003".

"Es evidente, no obstante, que las tasas de participación en el empleo de las personas con discapacidad no son satisfactorias, particularmente en el caso de mujeres con discapacidad", reconoció la diputada socialista, quien añadió en esta línea que "es necesario aprobar cuanto antes la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad, que tan avanzada está".

En general, la proposición no de ley del PP fue muy bien acogida por todos los grupos parlamentarios, que elogiaron a Vañó por la pertinencia de la iniciativa y por su talante negociador, tan importante en aspectos como éste.