El diputado de CiU Carles Campuzano reconoció el trabajo de estas empresas a la hora de crear empleo en los colectivos más desfavorecidos como las madres solteras, marginados, parados de larga duración y ex presos, y destacó la necesidad de crearles un marco legal propio y un régimen fiscal más favorables.

Según la propuesta de CiU, el futuro proyecto de Ley deberá establecer el marco definidor de este tipo de empresas, los requisitos de su constitución, y el tipo de actividades a desarrollar n los procesos de inserción socio-laboral.

Asimismo, el futuro texto legal determinará los colectivos de exclusión social susceptibles de ser incorporados en los procesos o programas de integración, así como el correspondiente procedimiento de acceso.

Además, la futura ley regulará un nuevo marco laboral de los trabajadores en proceso de inserción en donde se establezca la clara relación entre empleo y formación, y articulará, en su caso, formas de cooperación entre el sector público y privado, aí como los posibles mecenazgos para la transferencia teconológica y de conocimientos entre las empresas ordinarias y las de inserción.

Finalmente, el citado proyecto de Ley deberá acompañarse de un paquete de medidas que favorezcan el fomento de las empresas de inserción socio-laboral.

Por su parte, los diputados del PP, IU y PSOE, Damián Caneda, Pedro Vaquero y Teresa Cortajerena, respectivamente también coincidieron en la necesidad de regular el marco legal de estas empresas y destacaron su conribución al desarrollo al Estado de Bienestar por la integración laboral de los más desfavorecidos.