El principal partido de la oposición no encontró apoyo a su enmienda de devolución en el resto de grupos, que expresaron su respaldo al texto del Gobierno.

En la defensa de la ley, que también incluye la creación de un Centro Documental de la Memoria en Salamanca, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, aseguró que la norma persigue el doble objetivo de acabar con la "injusticia" que cometió el franquismo con la Generalitat, al "expoliarle" unos documentos, y de salvaguardar la integridad del Archivo de la Guerra Civil.

Calvo afirmó que el proyecto va en la misma línea de reparar daños ocasionados por la dictadura que persiguieron otras leyes famosas de la transición, como la de amnistía de presos políticos o de derechos sindicales. Por eso, dijo que su objetivo último de devolver unos papeles la apoyaron Manuel Fraga en la década de los 80 y ahora el PP catalán.

La ministra reafirmó su convencimiento de que el Ejecutivo, en contra de lo que denuncia el PP, ha sido respetuoso con la legalidad y ha hecho todas las consultas técnicas pertinentes antes de impulsar la restitución.

Calvo se alegró de que el PP se haya quedado "muy solo" en este tema, con una visión "irresponsable, irreal y de vencedores y vencidos" sobre el pasado del país.

PEGATINAS DE RECHAZO

Por el PP, el diputado por Salamanca Gonzalo Robles manifestó el pesar de su partido por que el Parlamento inicie hoy el debate de una ley "que bien podría llamarse de liquidación del Archivo de la Guerra Civil".

Robles acusó al Gobierno de haber dado luz verde a la salida con destino a Cataluña de un "volumen importantísimo" de documentos exclusivamente cimentada en la presión que ha recibido de sus socios de Esquerra Republicana. "¿Habrían hecho ustedes lo mismo si no necesitaran los votos de ERC?", interpeló el parlamentario popular a la ministra.

El portavoz del PP lamentó que el Ejecutivo socialista haya desoído las manifestaciones en la calle de decenas de miles de salmantinos desfavorables al "desmantelamiento" del archivo, y, en cambio, haya sacado adelante un plan "vacío" de creación de un centro documental de la memoria, que ya existe en realidad desde 1999.

Tras acabar su intervención, Gonzalo Robles fue reconvenido por la vicepresidenta de la Cámara, Carme Chacón, que conducía en ese momento el debate, por pegar en los micrófonos de la tribuna de oradores una pegatina contraria a la devolución de los papeles, la misma pegatina que portaron durante la sesión la mayoría de los diputados de las filas populares.

Por el PSOE, Teresa Cunillera se congratuló de que "una parte mínima de la Cámara" haya sido la que no quiere dar una solución a una injusticia mediante una enmienda de totalidad "contraria a reparar un expolio".

Los grupos de CiU, ERC e Izquierda Unida-ICV acordaron que cada uno de sus portavoces leyera un mismo texto, redactado por la Comisión de la Dignidad, la asociación que ha integrado a diversas instituciones y partidos favorables al retorno de los papeles de Salamanca a Cataluña.

Ese escrito afirma que la ley del Gobierno "salda una deuda largos años pendiente con la justicia histórica" y no perjudica a nadie. "Es un acto de reafirmación democrática, de justicia y de reconocimiento hacia las víctimas de aquella barbarie", indica.

Los portavoces del PNV y Grupo Mixto criticaron al PP por su actitud contraria a la devolución y coincidieron en señalar que el Gobierno tendrá que atender ahora otras reivindicaciones análogas a las de Cataluña procedentes de otras comunidades autónomas y particulares.

A este respecto, la ministra de Cultura señaló en posterior rueda de prensa que los gobiernos autonómicos canalizarán a la Administración central las demandas que reciban. El PP cree, en palabras de Gonzalo Robles, que ahora se abre una "cascada de reivindicaciones".