La enmienda contó con 33 votos a favor (de ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Junts y CUP), 304 en contra y 5 abstenciones. El ministro de cultura y Deporte, Miquel Iceta, defendió el proyecto de ley en la tribuna del Pleno del Congreso de los Diputados, a cuya tribuna de invitados acudió el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco.

“No compartimos que existan invasiones competenciales o el texto limite la capacidad de desarrollo competencial de las comunidades autónomas en el ámbito del deporte”, apuntó Iceta, que animó a los diputados a mejorar la norma con enmiendas parciales mientras el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan mantendrán en ese debate “una perspectiva dialogante y abierta”, según aseguró.

Iceta recordó que la actual Ley del Deporte data de 1990 y el sector está ahora más “desarrollado y profesionalizado”, por lo que defendió la “acuciante tarea de actualizar el marco jurídico”, especialmente en dos aspectos no recogidos en la norma actual: la integración del deporte practicado por personas con discapacidad y la protección y la reivindicación de las mujeres en todas las esferas deportivas.

El ministro invocó varias sentencias del Tribunal Constitucional para defender que las comunidades autónomas tienen competencias deportivas en su ámbito territorial y que el Estado puede intervenir en aspectos relativos al deporte español en su conjunto.

Además, apuntó que el Comité Paralímpico Español (CPE) ha manifestado su “ferviente deseo” de que salga adelante el proyecto de ley por “el determinante impulso” que supondrá para “el deporte inclusivo” en España.

Iceta comentó que la ley dispone que las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales deberán contar con un protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación, abusos o acoso sexual, y refuerza los derechos de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales al garantizar su participación y acceso a la práctica deportiva y “erradicar toda manifestación discriminatoria o muestra de ‘LGTBIfobia’ en el deporte”.

Gerard Álvarez, de Esquerra Republicana, justificó la enmienda a la totalidad señalando que la ley es “recentralizadora” y “menosprecia” las competencias de los gobiernos autonómicos. “Roba, literalmente, el buen trabajo que se hace desde las administraciones autonómicas”, indicó.

Álvarez subrayó, además, que el texto “limita indiscriminadamente la autonomía de las federaciones deportivas, meno las españolas”, y que federaciones, entidades y clubes no españoles podrían quedar “desamparados y atados de manos y pies” para gestionar sus disciplinas deportivas.