Izquierda Unida-ICV defendió ante el pleno su propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que fue finalmente tomada en consideración con el respaldo de todos los grupos.

Una vez superado este primer paso, la iniciativa deberá pasar por comisión y después por el Senado, para ser definitivamente aprobada, en el último paso, con mayoría absoluta, puesto que es ley orgánica.

Según la actual legislación, las personas impedidas para elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre y entregarlo al presidente de la Mesa pueden servirse, para todo ello, de una persona "de su confianza". Sin embargo, esa misma legislación deja claro que el voto es secreto.

La reforma parte de la idea básica de que, para las personas invidentes, esos dos preceptos son contradictorios y, en todo caso, se ven siempre obligados a depender de una tercera persona para ejercer un derecho fundamental.

La propuesta de Izquierda Unida es incluir en la ley el deber de los poderes públicos de garantizar a los electores discapacitados el secreto de voto, "incluyendo, siempre que sea posible en función de los avances técnicos, todas aquellas medidas que lo hagan accesible a su discapacidad".

"En el caso de los electores invidentes se asegurará la accesibilidad y el secreto del voto mediante la inclusión en las papeletas electorales de inscripciones en braille", añade.

En concreto, la redacción propuesta por la coalición establece que las papeletas para la elección de diputados deberán contener en braille las siglas de la candidatura, aunque se pueda elaborar una lista separada en este alfabeto explicativa del significado de las diferentes siglas.

En el caso de la elección de senadores, las papeletas incluirán un número en Braille asignado a cada candidato y la casilla para marcar.

Los electores invidentes tendrán a su disposición una lista en braille en la que podrán consultar las candidaturas a la que pertenecen cada uno de los números marcados en las papeletas de votación.

Esa lista, como la adicional explicativa de las candidaturas al Congreso, "podrá elaborarse también en cualquier otro medio accesible para los invidentes, ya sea en soporte sonoro o informático".

La reforma establece que los electores con alguna discapacidad que afecte al ejercicio de su derecho al voto deberá hacerse constar en el censo para que la Administración "facilite su adaptación".

En el caso de los invidentes, la Oficina del Censo Electoral será la encargada de informar a la Administración de los colegios electorales en los que les corresponda ejercer su derecho al voto, para facilitar la edición de papeletas en braille sólo en esos colegios.

Se deja claro, así, que la existencia de papeletas en braille sólo estará garantizada en los colegios en los que haya inscritos electores invidentes, y también que es la Administración, y no las candidaturas, la encargada de asegurar la disponibilidad de esas papeletas y de las listas explicativas en braille.

Cuando se solicite el voto por correo, algo que se puede hacer mediante autorización a una tercera persona, los electores invidentes podrán hacer constar si desean recibir las papeletas en braille y las listas explicativas.

El PP votó a favor, pero su portavoz, Juan Carlos Vera, acusó a Izquierda Unida de romper el consenso alcanzado en la Comisión Constitucional al acordar que fuera el Gobierno quien propusiera las reformas necesarias para materializar un objetivo compartido por todos.

Aseguró que la presentación de esta iniciativa es "extemporánea" y denunció que, si el PSOE la respalda, es porque sabe que el Gobierno "no está haciendo los deberes" en esta materia.

El socialista Javier Torres Vela eludió responder directamente a Vera, pero advirtió, de modo genérico, que el consenso no puede esgrimirse con la intención de "vetar", y nunca puede ser "argumento para el inmovilismo".

El debate fue seguido desde la tribuna de invitados por varios invidentes integrantes de la "Plataforma del voto secreto".