El Pleno de la Cámara Baja debatió esta mañana el proyecto con el que el Ejecutivo reforma el Código Penal y el Códio Penal Militar para adaptar la legislación a la profesionalización del Ejército y la desaparición del servicio militar obligatorio, que fue aprobado por todos los grupos. Esta ley se tramita en lectura única, lo que significa que no ha ido a Comisión y pasará directamente al Senado.

El ministro de Justicia, Angel Acebes, subrayó que con esta iniciativa el Gobierno se hace "eco de las demandas que la sociedad ha planteado" tras la eliminación del servicio militar obligatorio, y adapta el ordenamiento urídico, "en el plazo más breve posible" a una nueva situación en la que dejan de tener sentido estos delitos.

Acebes añadió que, hasta el pasado 31 de diciembre, cuando fue definitivamente eliminada la "mili", la "coherencia del sistema penal" impedía derogar estas sanciones penales, por lo que éste es el momento de aprobar estas modificaciones.

LLEGA TARDE

En nombre del PSOE, Leire Pajín, lamentó que la "ideología y el lastre" del Gobierno haya impedido que esta decisión se tomara cuando corrspondía, y "hayamos tenido que someter a tantos jóvenes a una situación que podríamos haber evitado". Agregó que en el periodo de Presidencia de la UE "es una vergüenza tener a siete jovenes en prisión" por esta causa, por lo que "no podemos permanecer ni un día más en esta situación".

Carles Campuzano, diputado de CiU, indicó que el proyecto de ley debería incluir algunas mejoras, como reducir de seis a tres meses el periodo para revisar sentencias, porque "alargar en exceso ese proceso es absolutamete innecesario", así como derogar las normas de igual o inferior rango que se opongan a estas disposiciones y archivar de oficio los procedimientos iniciados.

La diputada de Izquierda Unida Marisa Castro apuntó que "llega tan tarde esta ley, que ha habido cientos de jóvenes que por tener una visión de la patria más amplia que la del fusil y la bandera se han visto privados de su libertad", por lo que "les debemos pedir perdón por esta demora que les ha condenado a la muerte civil, que les ha tratado cmo a desertores".

Por su parte, Margarita Uría, del PNV, subrayó que "nunca es tarde si la dicha es buena", aunque recordó que su partido nunca ha sido partidario de la obligatoriedad del servicio militar y "mucho menos" de que el incumplimiento fuera delito castigado con penas de cárcel.

Los diputados del Grupo Mixto Joan Saura (IC), Begoña Lasagabáster (EA) y Carlos Ignacio Aymerich (BNG), denunciaron que esta ley llega "muy tarde", y "es mejorable en muchos aspectos", por lo que defendieron diersas enmiendas e instaron a la Fiscalía a que "deje de perseguir y promover el enjuiciamiento de estos jóvenes".

FALTA DE ELEGANCIA POLITICA

El portavoz de Justicia del Grupo Popular, Andrés Ollero, subrayó que la iniciativa "está bien planteada, es coherente, está bien resulta y se tramita en el momento oportuno", y además por el procedimiento de urgencia, por lo que no puede hablarse de retraso.

Ollero criticó la intervención de Castro, quien pidió la palabra para reprocharle su "falta de elgancia personal y política" y pedirle que "obvie los juicios de valor". Añadió que "no le he visto nunca a mi lado" luchando contra la dictadura, a pesar de que "tiene mi edad".

13 ENMIENDAS RECHAZADAS

El PP apoyó sólo dos de las quince enmiendas que habían presentado el PSOE, CiU y el Grupo Mixto (IC). Estos dos últimos grupos querían, entre otras cosas, reducir a tres meses el plazo para revisar las sentencias, algo con lo que el partido en el Gobierno no está de acuerdo.

Sí aceptó, en cambio las otras dos enmiendas de CiU, que establecen el sobreseimiento "de oficio" de las causas abiertas, algo que sería inmiediato tras la entrada en vigor de la ley, y la derogación de las disposiciones del mismo rango o de rango inferior que se opongan a este texto.