Esta proposición del PSOE ya estuvo en el orden del día de la Comisión de Defensa celebrada el pasado 9 de febrero, pero fue retirada a última hora por los socialistas, coincidiendo con las conversaciones que el ministro José Bono mantenía en ese momento con el PP para pactar la Ley de Defensa Nacional.

La proposición, que previsiblemente será aprobada, puesto que cuenta con el apoyo de todos los grupos de la Cámara salvo el PP, no cita expresamente a Trillo, pero sí dice que "la responsabilidad afecta directamente a las autoridades políticas que ejercían las máximas funciones de dirección de la Administración militar y de la Defensa en el tiempo en el que tuvieron lugar los hechos".

En la misma reunión de la comisión, se debatirá mañana otra proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que va en el mismo sentido, pero en términos más duros, hablando de "responsabilidades políticas indirectas" y "responsabilidad directa de ocultamiento y de menosprecio a las familias" por parte de los altos cargos del Ministerio y de su máximo responsable, Federico Trillo.

También se podría debatir mañana, si la Mesa de la Comisión de Defensa lo acepta, otra iniciativa sobre el accidente del Yakovlev-42, en este caso de ERC, que establece "medidas para clarificar el proceso de contratación de aviones para las misiones de los militares del Estado español en el exterior entre los años 1999-2005".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

En cuanto al contenido de las proposiciones no de ley, la del PSOE indica que "la responsabilidad de los poderes públicos por las graves negligencias detectadas en el seguimiento y control de la contratación y del vuelo del avión siniestrado, así como por los importantes errores del proceso de identificación de cadáveres, no corresponde exclusivamente a las instancias militares".

De hecho, las únicas responsabilidades por el accidente han recaído hasta el momento en militares: la cúpula de las Fuerzas Armadas fue cesada en pleno por el ministro José Bono, mientras que en la Audiencia Nacional los únicos imputados son los militares responsables de la identificación errónea de una treintena de cadáveres.

La moción del PSOE también considera que el actual Gobierno "ha adoptado las medidas adecuadas a garantizar la máxima seguridad en los desplazamientos al extranjero de los militares que desempeñen misiones oficiales y ha garantizado a los familiares de los fallecidos en el accidente la justa reparación por su pérdida y los daños irrogados".

La proposición de IU va un poco más allá y pide que el Congreso "constate" que "los altos cargos y el máximo responsable del anterior Ministerio de Defensa" incurrieron en "graves responsabilidades políticas indirectas (elección de responsables y su vigilancia)", así como en "responsabilidad directa de ocultamiento sobre avisos previos, existencia de estudios de ADN y de menosprecio a las familias".

Además, la propuesta de IU deja la puerta abierta a una futura comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente del Yak-42 si las nuevas informaciones recibidas así lo aconsejan.