Saura considera que el fiscal general del Estado debe ser independiente de las directrices del Gobierno y actuar conforme a los principios de legalidad e imparcialidad, lo que a s juicio resulta difícil al depender tanto su nombramiento como su cese del Gobierno.

Para evitar la excesiva dependencia del Ejecutivo, el diputado de IC propone que el fiscal siga siendo nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, de entre juristas de reconocido prestigio profesional con más de quince años de ejercicio.

Previamente, el candidato debería comparecer ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, tras haber sido escuchado por el Consejo General del Poder Judicial, con el in de decidir sobre su idoneidad para el cargo.

Según la propuesta de Saura, la persona elegida solamente ocuparía el puesto durante cuatro años no renovables y como garantía de independencia podría ser cesado por el Congreso de los Diputados por causas de imposibilidad física o enfermedad superior a seis meses de duración, incompetencia manifiesta o por estar implicado en un proceso delictivo.