El suplicatorio salió adelante con el voto a favor de todos los partidos de la Cámara, incluido el PP. En el Grupo Parlamentario Popular querían que este asunto se resolviese cuanto antes, como también lo deseaba Casero, quien está “tranquilo” y piensa que ahora sí se podrá defender ante el Alto Tribunal, según apuntan fuentes de su entorno a Servimedia.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debe ahora dar traslado del acuerdo de la Cámara a la autoridad judicial y advertirle de la obligación de comunicar al Congreso los autos y sentencias que se dicten a partir de ahora y afecten "directamente" a Casero.

Casero ha pasado por un año difícil a nivel personal. En el mes de febrero, su nombre salió a la palestra cuando salvó por error la convalidación del decreto-ley de la reforma laboral en el Congreso. El texto del Gobierno salió adelante gracias a su voto, ya que el recuento final fue de 175 a favor y 174 en contra.

Tras la crisis desatada en el seno del PP y la salida de Pablo Casado, Casero perdió su puesto dentro del Comité de Dirección, donde ejercía de secretario de Organización. Tan solo unos días después, la Sala Penal del Tribunal Supremo acordó la apertura de la causa que ha derivado en el suplicatorio que la Cámara Baja ha aprobado hoy.

El Alto Tribunal ve indicios racionales de criminalidad contra el parlamentario por concertar acuerdos de servicio, patrocinio o convenios “incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso” en su etapa como alcalde de Trujillo.

ESTATUTOS DEL PP

El PP actuará contra su diputado cuando el Supremo haga afectiva la apertura de juicio oral. Según las fuentes consultadas, Génova aplicará la literalidad de los Estatutos, algo que el propio Casero entiende. “Es lo normal. No hay ningún problema”, dicen desde su entorno.

En concreto, los Estatutos del PP establecen en artículo 21.7.b. que el Comité Nacional de Derechos y Garantías –presidido por el extremeño José Antonio Monago– acordará “de manera automática” la suspensión provisional de afiliación de aquellos integrantes del partido que estén incursos “en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción”. Si hay sentencia firme por corrupción, Casero “quedará expulsado”.

Asimismo, la normativa interna del PP señala que, “en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral”, el Comité de Derechos y Garantías deberá abrir un expediente disciplinario contra el investigado.

“La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial. En los casos de delitos flagrantes de corrupción, el Comité de Derechos y Garantías Nacional a la vista de la gravedad de los hechos podrá determinar la suspensión de funciones o de afiliación, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto”, prosigue.