La Cámara Alta introdujo una serie de novedades en la norma que, según indicaron a Servimedia fuentes parlamentarias, serán retiradas en el Congreso. Entre ellas, el hecho de permitir a los autónomos de la construcción subcontratar su actividad, como habían reclamado las organizaciones del sector.

En el Senado se eliminó la fijación de un porcentaje de contratos indefinidos con carácter obligatorio para poder ser subcontratista. La norma establecía inicialmente un mínimo de un 10% de fijos el primer año de vigencia de la ley, un 20% el segundo y un 30% el tercero. Hoy el Congreso decidirá mantener estos porcentajes.

En la Cámara Alta se modificó la ley también para que, en un plazo de seis meses tras su entrada en vigor, el Gobierno plantee incentivos fiscales y subvenciones a las empresas innovadoras y a los centros de innovación y difusión tecnológica en materia de seguridad en el trabajo, pero tampoco será aceptada.

La única modificación que el PSOE aceptará introducir en el Congreso, según indicó a Servimedia el portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales socialista en la Cámara Baja, Jesús Membrado, es el que se haga un listado de empresas subcontratistas, atendiendo al ámbito territorial de actividad, como demandan los grupos nacionalistas.

SINDICATOS

A juicio de la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT), ha sido un "grave error" por parte del PP introducir modificaciones al texto en el Senado, ya que "rompe el consenso" alcanzado en la norma.

Por ello, la federación ugetista insta a los diputados a recuperar el texto que salió de la Cámara Baja, según indicaron fuentes de MCA-UGT a Servimedia.

Las modificaciones introducidas "desvirtúan en gran parte la ley", dijeron desde la federación de Construcción de UGT, ya que eliminar el requisito de empleo fijo es un "error" y permitir a un autónomo subcontratar "no deja de ser una incoherencia".

Por su parte, CCOO ha instado también a los grupos parlamentarios a respetar el espíritu del proyecto de ley y ha advertido de que las enmiendas introducidas por el PP "eliminan algunos de los elementos más significativos del proyecto" y suponen "un total alineamiento con los intereses económicos de quienes vulneran las leyes y convenios".