El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, explicó ante el Pleno de la Cámara Baja que el decreto responde a la "voluntad del Gobierno de llevar a la práctica un acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas sobre un tema de vital importancia como es la sanidad".

El acuerdo aprobado por las comunidades autónomas, con la abstención del PP, supone una aportación del Estado en 2006 de 1.677 millones de euros, y conlleva un incremento de los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos que permitirá a las comunidades autónomas obtener "un mayor volumen de recursos", 227 millones de euros adicionales.

En cuanto al procedimiento elegido para aplicar esta medida, Solbes explicó que "existen justificadas razones de urgencia para utilizar un vehículo normativamente rápido como es el decreto ley", y aseguró que el Constitucional ampara este mecanismo para la subida de impuestos especiales.

La portavoz de Sanidad de IU-ICV, Carme García, opinó que esta propuesta, que contó con su voto favorable, "no es el final del problema, sino una inyección de vitaminas a las comunidades autónomas", por lo que es "imprescindible un Pacto de Estado" que propicie la cohesión y una reforma sustancial del sistema que mejore "la eficiencia y la gestión" para dar respuestas estables y de futuro.

NO A LOS IMPUESTOS INDIRECTOS

Discrepó con el gravamen sobre hidrocarburos, que "afectaría de manera igual a todas las rentas y no tiene ninguna relación con la sanidad", y se mostró más favorable a los de alcohol y tabaco, que pueden ser disuasorios y mejorar por tanto la salud de los ciudadanos, aunque apostó por los impuestos directos, "los más equitativos y más justos".

La diputada de ERC Rosa Bonàs avanzó que respaldará la propuesta aunque considera que Cataluña está en un "estado de excepción fiscal". En nombre del PNV, Pedro Azpiazu, rechazó el procedimiento del decreto ley, y criticó que aún no se ha producido la reunión acordada para abordar el cupo.

Román Rodríguez, de Coalición Canaria, expresó su respaldo a esta medida de urgencia, aunque considera que debería haberse abordado también la cohesión sanitaria. José Antonio Labordeta, de la Chunta Aragonesista.

El portavoz adjunto del PP, Vicente Martínez Pujalte, denunció que "volvemos al PSOE de siempre: subir impuestos cuando se encuentran un problema", una solución que, con un IPC de casi el 4%, es "contraproducente" y a la que volverán a recurrir, auguró, cuando tengan que afrontar la Ley de Dependencia. Acusó al Gobierno de emplear la excusa de la Sanidad para "hacer caja".

"CALDERILLA"

"Ustedes no quieren incrementar el gasto en la Sanidad y lo que hacen es montar un 'vodevil' con la conferencia de Presidentes y poner calderilla", prosiguió, "intentar echar la culpa a las comunidades autónomas y no hacer nada", en lugar de cumplir el acuerdo de financiación sanitaria y reconocer la población.

En este sentido, el portavoz popular criticó que el Ejecutivo socialista va a destinar en 2006 a la sanidad menos dinero "per cápita" que el PP hace tres años. "No reconocen la prioridad que tiene para la sanidad española la sanidad. Están montando un lío con el único objetivo de no poner más dinero al sistema, no priorizar este gasto, y disfrazarlo con una subida de impuestos".

El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, expresó su rechazo a la propuesta porque se limita a "parchear", ya que "la presión fiscal no va a resolver en absoluto el déficit sanitario", que se cifra en 7.000 millones de euros, con lo que la propuesta es una "miseria, calderilla".

Además, aplica un "modelo de ingeniería financiera con el que no se atreven a poner el contador a cero y pasan el muerte a las comunidades autónomas", por lo que abogó también por un Pacto de Estado y arremetió contra ERC por considerar que apoya "gratis" el real decreto del Gobierno que supone "una tomadura de pelo".